El
autor de la nota, que fue presidente de Nucleoeléctrica Argentina
durante dos años, compara los gastos en la Argentina con obras
similares en el mundo.
por Néstor Farías Bouvier
Es el
caso de un proyecto de tecnología única y terminación compleja,
cuyo éxito técnico fue opacado por un enorme sobrecosto y plazo de
ejecución con evidencias de corrupción organizada.
El
largo proceso de terminación del 15 % faltante de la central nuclear
Atucha II, con cerca de US$ 5 mil M de sobrecosto, y las tramas que
se utilizaron para beneficiar a los socios K, deben determinarse
claramente para deslindar, al sector nuclear y sus profesionales.
Movimientos
y actores del proyecto a partir del año 2000 (ya analizada en
artículos anteriores la paralización en 1995).
Cuando
asumí como presidente de Nucleoeléctrica Argentina (2000-2001), mi
gestión se centró en el mandato del jefe de Gabinete de Ministros,
Rodolfo Terragno y el secretario de Energía, Daniel Montamat; esto
era, analizar la viabilidad técnica y factibilidad económica de
completar la construcción de la Central Nuclear Atucha II -proyecto
que había sido paralizado en 1995- y mejorar la gestión de la
empresa.
Teníamos
un proyecto parado, con importantes costos de mantenimiento de
equipos sin instalar, el desarrollo de técnicas propias para
mantenerlos dentro de sus especificaciones (sin estar funcionando),
muchas partes sin montarse y equipos sin respaldo de sus fabricantes,
algunos ya inexistentes.
Como
decisión inmediata a tomar, heredamos analizar profundamente un
acuerdo de deuda por US$ 120 M, reconocida en acuerdo por el
directorio anterior, basado en las retenciones de garantía
realizadas sobre los US$ 2.400 M facturados por los dos complejos
contratos con Siemens, a sólo dos meses de asumir debíamos cancelar
US$ 20 M de la primera cuota. Rechazamos el acuerdo de deuda y
llevamos el caso a arbitraje en la Cámara de Comercio de París.
Tres años después, el fallo a favor de NASA, ahorró al país US$
120 M -suma que hoy parece irrelevante, en el actual torbellino de
dólares (¿o euros?) espurios. Otros pagos inevitables de US$ 250
mil mensuales por mantener el equipo profesional de Siemens stand
by terminaron sumando US$ 30 M.
Esta
breve introducción sirve para sostener el riguroso replanteo del
presupuesto de inversión de finalización de la central nuclear que
sumó US$ 870 M, y la factibilidad económica dio una tasa de retorno
de la inversión remanente, del 11,4 % que le hizo ganar aceptación e
impulso inicial. Tenía, adicionalmente, ventajas de interés para el
sector; dar nueva vida a la planta de agua pesada (sin destino sin
Atucha II), impulsar el ingreso de profesionales jóvenes a un sector
que languidecía, bajar el costo de combustible para todas las
centrales, etc. Actualicé luego el presupuesto inicial, (paridades
de las monedas de inversión) a unos US$ 1.100 M (2004 publicado en
Archivos del presente e Informe industrial).
Mejoramos
de manera sustentable, la gestión de la empresa, con importantes
logros económicos y organizacionales, incrementando los resultados,
anualizado, en US$ 25 M, gracias a la colaboración del hoy
presidente de NASA y el grupo de profesionales con los que tuve la
oportunidad de tratar y trabajar valorando su fuerte compromiso y
avidez de excelencia.
La
comisión que creó Terragno de cinco secretarios de Estado, más el
presidente de NASA, para diseñar el camino de la terminación de
Atucha II se frustró con la salida de Terragno del gobierno de De la
Rúa y el reemplazo de Montamat en la Secretaría de Energía por
Deborah Giorgi, que terminó por hundir el proyecto. Salí de NASA
tras la previsible falta de sintonía con la nueva secretaria.
En
noviembre 2003, inicios del gobierno de Kirchner se conoció la
decisión de retomar el proyecto por el Gobierno, bajo la errónea
idea de que la inversión costaría US$ 450 M y estaría terminada en
2007 (sic, ministro De Vido, seminario del IESE Business School en
IAE, 25/11/2003). A partir de este equivocado presupuesto es que se
tomó la decisión de avanzar. Un anticipo de cómo se manejarían
las decisiones sobre obra pública durante la década perdida.
No
obstante esa temprana decisión, se tardó un año en armar la trama
“para expoliar al Estado, la componían el ministro De Vido, el
subsecretario Roberto Baratta y el director del proyecto y luego
presidente de NASA José L. Antúnez, del otro lado, la gran
contratista del proyecto Electroingeniería-Vialco y empresas
relacionadas”. Como el contrato no tiene precio fijo sino costo
unitario por los distintos niveles del personal aportado y dirigido
por la empresa y ello incluye un importante plus de gastos generales
y beneficio para la misma, si se incrementa artificialmente el
personal requerido el contratista aumenta proporcionalmente su
beneficio, desmedido al estilo K.
Atrasado
el proyecto, en julio del 2012 advertí, (Prensa energética) que
Atucha II ya llevaba requeridos fondos por US$ 2.500 M en evidente
exceso al presupuesto original. La cifras la levantó Clarín,
27/11/12 y provoco reacción. Un día antes, el 26/11/12, más de dos
meses desde la publicación en Prensa energética, el subsecretario
del ex ministro De Vido, Roberto Baratta, criticó en varios medios
oficiales mi estimación (¿sabía Baratta lo que saldría al día
siguiente en Clarín?). Afirmaba que la Central no había invertido
esas cifras, y que estaría terminada para fines del 2012 (cuatro
meses después). Erró la estimación por dos años, sin informar
nunca “su cifra real” de lo invertido.
El
mecanismo de “La trama” para aumentar ingresos en números
gruesos nos muestra que el costo de la obra contemplaba un plazo de
4,5 años y un promedio anual de personal total de contratistas y
propio de 2.240 personas, o sea un total de 10.080 años-hombre, el
plazo real de obra fue de 12 años y con un pico de 7.200 personas
facturándose, y un total de 35.850 años-hombre, la mayoría por
empresas del Grupo Electroingeniería, Vialco y otras participadas
por el Grupo con el esquema K, “si me das acciones crecés y ganás
más que con la propiedad del 100 %”, modelo adoptado con Repsol,
con YPF-Eskenazi y otros ganadores de la década perdida.
Pero
el costo no terminó allí, siguieron facturando hasta marzo del 2016
(unos veinte meses después de terminada la obra el sueldo de más de
dos mil personas, gastos generales y beneficios empresarios... pero
sin trabajo que realizar.
La
trama organizada terminó por llevar el total de inversión a un
valor (informado extraoficialmente) cercano a los US$ 6 mil M, seis
veces más de lo previsto, el valor total de una central nueva con el
doble de capacidad de generación, seis veces superior al presupuesto
actualizado.
Según
los datos del propio ministerio, si tomamos el valor comparativo del
kWh de potencia instalada: en la Central Atucha II hubo 700 MWh para
terminar el 15% faltante, o sea US$ 8.500/kWh, mientras que la
Central Hualong (1.000 MWh) total, completa, lo que implica US$ 7
mil/kWh.
El
Grupo Electroingeniería (EI) tuvo el origen de su acelerado
crecimiento en 2004, al amparo de obras de transmisión eléctrica.
Sin antecedentes relevantes, en tres años acumuló US$ 540 M en
tendidos de alta tensión, que proyectaba y controlaba Transener. El
Gobierno luego, lo eligió socio de Transener, entonces supervisor
técnico de su nuevo accionista, EI. En la adquisición entró en
conjunto con Enarsa, la empresa estatal fantasma que sirvió para
maquillar una entrada forzada. Luego lo hicieron socio de Siemens
para dos centrales térmicas, creo recordar de algo más de 800 M
cada una. Un ingenioso mecanismo para evitar facturas truchas y
cobrar más que su aporte accionario en la distribución de ingresos
por trabajos realizados, sin dejar rastros de comisiones. Siempre
hubo esa consistente ambición de ser empresario, no ir por
comisiones sino por participación (regalada) en las empresas, gente
de trabajo decía antes. En las dos hidroeléctricas del Sur,
prioridad 18ª en el ranking de hidroeléctricas, el ministro De Vido
anuló dos veces la licitación ganada por ajenos al poder K, hasta
que en la tercera apertura la consigue adjudicar a Electroingenieria
con socios chinos y campos a expropiar de Lázaro, el que
difícilmente se levante a andar de nuevo.
¿Qué
rol jugó la dirección del proyecto, a cargo del Ing. José Luis
Antúnez, quien aprobaba los excesivos requerimientos de personal y
un ministerio que fondeaba los pedidos sin investigar este
incomprensible sobreprecio?
Determinar
judicialmente las responsabilidades y castigo a los responsables es
importante para la salud y el futuro de la República y hacer creíble
el futuro Plan Nuclear, un buen efecto secundario.
*
Ingeniero Químico. MBA IESE B. School, ex presidente y CEO de
Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Petroquímica B.B., Austral Líneas
Aéreas. Desde 1975, CEO de Sapin SA.
Nota
del autor: Las estimaciones son de razonable aproximación a efectos
del objetivo planteado para el artículo, en proyectos plurianuales
con las altas variaciones de cambio. Las cifras pueden variar según
el método de ajuste para obtener cifras entendibles en moneda actual
o dólar.
Fuente:
Néstor Farías Bouvier, Atucha II: las decisiones y los sobreprecios que le salen caros al país, 28/05/16, Perfil.
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