Iguala: un año sin respuestas

A un año de la masacre de los estudiantes de Iguala, México sigue sin saber exactamente cómo se perpetró ese crimen y quiénes están implicados. Hasta el ejército local se ha visto salpicado por el escándalo.

por Astrid Prange

A un año de la masacre de los estudiantes de Iguala, México sigue sin saber exactamente cómo se perpetró ese crimen y sin conocer todas las instancias implicadas. El caso reveló los vínculos entre autoridades estatales y el crimen organizado, y ha terminado por salpicar a las fuerzas armadas locales, pero las averiguaciones siguen presentando demasiados agujeros y lagunas como para atribuir responsabilidades definitivas.

“Hubo mucho movimiento en México para evitar que se hicieran pesquisas profundas en torno a este incidente”, señala Christiane Schulz, del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, subrayando que todos los estudios sobre impunidad en ese país norteamericano apuntan a que las instituciones incurren frecuente y sistemáticamente en encubrimiento de irregularidades y en negligencia a la hora de investigar.

Durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -un pueblo del estado mexicano de Guerrero ubicado a 257 kilómetros al sureste de Iguala- desaparecieron. Todos han sido declarados muertos, pero los cadáveres no han sido hallados todavía. Y aunque las autoridades dan el caso por el cerrado, su versión de los hechos es controvertida.

Varias instancias destejen la versión oficial

Oficialmente se ha dicho que la policía detuvo los autobuses en los que viajaban los estudiantes, los obligó a bajar del vehículo y se los entregó a un grupo de narcotraficantes. Se supone que los criminales asesinaron a los jóvenes y luego quemaron sus cuerpos en un basurero. Sin embargo, una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en duda esa narrativa.

En un informe publicado el 6 de septiembre, la CIDH plantea que los autores materiales de la masacre no contaban con suficiente combustible como para deshacerse de los cadáveres de los estudiantes y que el fuego del basurero aludido no ardió lo suficiente como para permitirlo. También el diario español El País ha refutado la versión oficial de los hechos, remitiéndose a declaraciones de testigos a las que la CIDH no tuvo acceso.

Las confesiones en cuestión sugieren que la inteligencia militar mexicana estaba al tanto de lo que ocurría en Iguala y no intervino de ninguna manera para proteger a los estudiantes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, le habría dicho el lugarteniente Joel Gálvez al soldado Eduardo Mota cuando éste fotografiaba el arresto de los estudiantes en Iguala para entregar las imágenes a los servicios secretos.

Piden ejercer más presión sobre el Gobierno mexicano

Ambos militares declararon ante la Fiscalía mexicana y sus confesiones fueron incluidas en un protocolo leído posteriormente por reporteros de El País. Estas revelaciones ejercen una enorme presión sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien apenas ahora anuncia su disposición a reunirse con los familiares de los desaparecidos. Pero también Alemania siente los coletazos de este escándalo.

Desde hace cinco años y medio, la Fiscalía de Stuttgart está a cargo del proceso contra el fabricante alemán de armamento Heckler & Koch, acusado de falsificar documentos para que el Ministerio de Economía germano le permitiera exportar armas de fuego a estados mexicanos afligidos por la violencia y las violaciones de derechos humanos. La prensa ha informado que las armas Heckler & Koch terminaron en manos de policías y mafiosos.

A juicio de Schulz, del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, Alemania y la Unión Europea deben reaccionar y ejercer más presión sobre México. Por ejemplo, suspendiendo la negociación para el Tratado de Seguridad que México ansía firmar con Alemania desde 2011.

Peña Nieto: “La investigación sigue abierta en el caso Iguala”

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió por segunda ocasión con representantes de padres de los estudiantes desaparecidos. Los familiares criticaron que sus propuestas fueron ignoradas.

por Eva Usi

En el encuentro, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, entregaron al presidente mexicano su informe de 560 páginas que refuta la “verdad histórica” presentada en enero pasado por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. El fiscal federal sostuvo que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, por miembros del crimen organizado, en confabulación con policías municipales, que supuestamente los confundieron con un grupo criminal rival.

Los padres pidieron a Peña Nieto que rinda cuentas a la sociedad mexicana sobre la versión presentada por su gobierno; que acepte la supervisión internacional en la investigación, y que adopte la conclusión del grupo de expertos independientes (GIEI): un replanteamiento de la investigación.

Después de la reunión de tres horas de duración a puerta cerrada, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez Hernández anunció que Peña Nieto se comprometió con los padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos en que la investigación no será cerrada y que los instó a buscar juntos la verdad.

“No habrá carpetazo”

“Les aseguré que la investigación sigue abierta. No habrá carpetazo”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, en donde aseguró también, que al igual que los padres, quiere saber qué pasó con cada uno de sus hijos, y que haya justicia. Los padres de los normalistas acudieron a la reunión con un pliego de 8 exigencias, pero la respuesta fue diplomática. El mandatario ordenó que se someterán a estudio y propuso crear una Fiscalía especial para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que fue rechazado por los padres, considerando la cifra oficial de 26.000 desaparecidos.

““No queremos una fiscalía especial, necesitamos una sólo para el caso Iguala. (…) Condenamos su actitud, la repudiamos totalmente, porque sigue insistiendo en que el crimen fue perpetrado en el basurero de Cocula. Ni siquiera reconocieron sus errores”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa durante una reunión con los medios en el zócalo, la inmensa plaza central de la Ciudad de México, en donde los padres iniciaron el jueves (23.09.2015) un ayuno de 43 horas para “exigir la presentación con vida de sus hijos”.

Pro DH, organización que representa legalmente a los familiares de los 43, emitió un comunicado en el que destaca que los puntos expuestos por el presidente no suponen ningún avance pues no garantizan un verdadero cambio en la investigación. “Lo que pidieron fue el replanteamiento de la investigación con supervisión internacional que indague a profundidad el paradero de los estudiantes y que se investigue la versión con la que se pretendió engañar a las familias”.

Erosión en la credibilidad del presidente

A lo largo de un año, el caso Ayotzinapa ha erosionado la credibilidad política del presidente mexicano que llegó a pedir a las familias, en una visita a Acapulco en diciembre de 2014, “que superaran el dolor que generó la desaparición y que pasaran página”. El gobierno federal atribuyó la autoría del crimen al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Sin embargo ninguna de las 111 personas detenidas ha recibido una sentencia, y sólo cinco de los detenidos, policías de Iguala, han sido acusados de desaparición forzada, según un informe de la PGR, que lleva oficialmente las investigaciones. El resto enfrenta cargos por secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero. Adicionalmente todavía hay unas 20 personas prófugas de la justicia y aumentan los reclamos de las familias de las víctimas y de expertos ante las fallas en las investigaciones oficiales.

“No confiamos en las autoridades mexicanas y mucho menos ahora que han sacado la supuesta identificación de otro compañero”, dijo a DW Omar García, uno de los estudiantes que sobrevivió los ataques de Iguala. “Sin una vigilancia estricta de la comunidad internacional no va a ser posible dar con la verdad. Nosotros ya habíamos denunciado la existencia de un quinto autobús, (que no figuraba en las investigaciones oficiales), y dijimos que participó el Ejército, pero no nos dan credibilidad. El único membrete que tenemos es el de ser sobrevivientes”, dijo.

Un año de sufrimiento e incertidumbre

“Es un año de resistencia, de lucha, de sufrimiento y de incertidumbre, de no saber en dónde está mi hijo ni sus compañeros”, dijo a DW Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, originarios de Tixtla de Guerrero, uno de los municipios más pobres del convulso estado al sur del país. Su hijo desapareció a los 19 años. “Le gustaba mucho el campo, los animales, quería ser agrónomo, pero no tuvimos los medios para enviarlo a una universidad de paga en Chilpancingo. Era un joven tranquilo, me ayudaba a repartir agua en las calles los domingos, pero yo le decía que se centrara en sus estudios, que yo trabajaba para que él pudiera estudiar”.

El encuentro entre los padres de los normalistas desaparecidos y el presidente Enrique Peña Nieto no ha logrado un acercamiento. Los padres exigen justicia y amenazan en que seguirán siendo “la piedra en el zapato del gobierno”.

Santiago Aguirre, abogado de Pro DH, señala que seguirán luchando por dos garantías fundamentales. “Una es el compromiso del jefe de Estado mexicano en que no se manipulará la información para que arroje conclusiones que no estén soportadas con pruebas científicas. Como entienden que esa garantía y ese compromiso siempre será insuficiente en un contexto como el mexicano, el otro mecanismo de garantía es la permanencia del grupo de expertos para que realicen una labor de supervisión y direccionamiento de la nueva investigación”.

Opinión: Ayotzinapa no fue en vano

Los padres de Ayotzinapa nos demuestran que las “verdades históricas” se establecen y legitiman desde el punto de vista de las víctimas y nos enseñan que hay que romper el silencio que genera el terror.

por Claudia Herrera Pahl

Ha pasado exactamente un año desde el triste episodio de Ayotzinapa. A 365 días de la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, la opinión pública mexicana e internacional sigue sin saber exactamente qué sucedió aquel fatídico 26 de septiembre en las calles de Iguala. Sabemos que fue una noche de terror y horror indescriptibles, y aunque hay muchas versiones aún no se conoce la verdad histórica.

Un escenario a primera vista devastador y desesperanzador, pero solo para el mal observador. Este 26 de septiembre, cuando los familiares de los desparecidos recuerden a sus hijos y realicen una ofrenda en su memoria, no estarán solos. En este primer aniversario la sociedad civil mexicana e internacional honrará a los desaparecidos, pero especialmente a sus padres, que recuerdan día a día a toda una nación que hay derechos intocables y que el único camino viable es luchar por ellos.

Los padres de Ayotzinapa han luchado durante un año. Muchos critican sus métodos cuando estos han sido violentos, muchos intuyen fuerzas políticas que los manipulan. Pero uno se pregunta qué otra cosa podían hacer desde su posición. ¿Aceptar “dar vuelta a la página y superar el momento de dolor” como lo pidió el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto en diciembre de 2014? ¿Aceptar dar por cerrado el caso como en enero de 2015 dictara el fiscal mexicano Jesús Murrillo Karam al declarar “verdad histórica de los hechos” que los jóvenes estaban muertos y fueron víctima de un acto incongruente y desproporcionado de los narcotraficantes de Guerreros Unidos?

Derecho a la verdad y la justicia

La investigación exhaustiva de los hechos -que aún no ha terminado- y las evidencias científicas han echado por tierra aquella verdad histórica que propagaba el Gobierno mexicano. Y esas evidencias científicas y la creación del grupo de investigación independiente del GIEI/CIDH, no habrían sido realidad sin la lucha férrea e inquebrantable de los padres de Ayotzinapa.

Los padres de Ayotzinapa nos demuestran que las “verdades históricas” se establecen y legitiman desde el punto de vista de las víctimas y de nadie más; nos enseñan que hay que romper el silencio que genera el terror y nos demuestran que no se necesitan ni títulos ni riqueza para hacer lo correcto. Los padres de Ayotzinapa nos dan confianza en el futuro.

En México hay miles de crímenes por resolver. El país tiene una deuda pendiente con más de 25.000 desaparecidos. “No podemos irnos a casa sin saber dónde están nuestros hijos” una frase sencilla que resume mucho más: el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Ayotzinapa no ha sido en vano.

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Fuentes:

Astrid Prange, Iguala: un año sin respuestas, 25/09/15, Deutsche Welle. Consultado 26/09/15.

Eva Usi, Peña Nieto: “La investigación sigue abierta en el caso Iguala”, 25/09/15, Deutsche Welle. Consultado 26/09/15.

Claudia Herrera Pahl, Opinión: Ayotzinapa no fue en vano, 25/09/15, Deutsche Welle. Consultado 26/09/15.