Todos esgrimen el mismo palo

por Néstor Pérez

especial para ECOS Córdoba

Cuando una nación se acostumbra a la democracia, y eso creo es lo que felizmente nos pasa a los argentinos, se olvida de una certeza pedregosa: la mayoría elige un gobierno que finalmente consagra a una minoría; delega en ella el control sobre su propia voluntad. En esa minoría, además, delega su soberanía, la disuelve; así, en adelante el pueblo ya no será “el” soberano, sino que esa minoría -el gobierno- por detentar la representación habrá enajenado ese insumo clave para la democracia: la tan mentada soberanía. ¿Es esa pérdida de soberanía la llave para que el gobierno, cualquiera sea la jurisdicción, se lleve por delante a aquellos que discuten su participación pública, en el territorio público? ¿Si el gobernado no tiene derecho a protestar por decisiones administrativas, qué separa al gobierno democrático y popular de, digamos, una aristocracia?… “La libertad política es la libertad de los más débiles, por lo tanto se trata de una libertad defensiva (…) Si todo esto que disgusta al soberano (el gobierno) me puede ser prohibido, ¿qué libertad me queda? ¿La libertad de obedecer? Muchas gracias”. Astuto y preciso, Giovanni Sartori acierta en el examen de la consistencia que tiene (o no tiene) un cuerpo de gobernados, en función de la mirada del poder. Controlar la protesta es hoy el desvelo de todo el Gobierno. Su imperativo en la hora de la crisis. La ley antiterrorista, que se aplica a periodistas, trabajadores o compañías, con diagonales interpretativas temerarias, lo que hace es poner en discusión no ya ciertos modelos de exacción económica, sino la facultad de las victimas de oponerse a esa lógica radicalmente capitalista.

En Córdoba, el Código de Faltas que enroscan furiosos sobre los pobres de esta ciudad, plantea más o menos lo mismo, aunque ponga distancia con respecto a su pretensión de largo alcance. La policía ejerce el control social que requiere un sistema económico genéticamente asimétrico. Hasta la tentativa de considerar servicios esenciales a aquellos que no lo son, como el transporte (la OIT no declara al transporte “servicio esencial”, como hoy lo piden las autoridades), cuando es materia federal -legislación de fondo- revertir tal condición, no parecen ir en otra dirección que acallar el malhumor, el hastío, o hasta la intención de replantear discusiones que se cerraron de espaldas al “soberano”. O, pongamos, que nuestros viejos cobren seis meses más tarde una mejora de haberes jubilatorios en el marco de una inflación superior al 2 % mensual.

El derecho al pataleo es lo más democrático del sistema republicano. Sistema republicano que aboga tibiamente por el derrame de derechos participativos. Los primeros vecinos alzados contra la instalación de Monsanto pueden dar fe de que la democracia, cuando no conviene, troca en hechos, de los que solo se vuelve con heridas.

El ciudadano en la calle gritando con el puño en alto que la macroeconomìa no es su resorte, que la incertidumbre dejó de ser una teoría, que los despidos y las suspensiones son causadas por la migración de la inversión hacia economías emergentes, la salida de capitales que pisaron el acelerador a mediados del 2011, o porque nunca se pudo recrear una burguesía nacional potente y con anclaje nacional; lo cierto es que al trabajador, y mucho más al que ni siquiera alcanza a serlo, protestar es lo único que lo separa del vacío cívico, la defunción de su ciudadanía.

En el plano local, en esta provincia donde comenzó el final de la dictadura de Onganía, torpe hasta de reflejos, se intenta controlar a los trabajadores, sin cuya resistencia, el Banco de Córdoba o la empresa estatal de energía estarían en manos de oscuros y elusivos personajes del mundo de los negocios corporativos. Y hasta el Defensor del Pueblo, Mario Decara, consagrado otra vez como tal por la alianza radical peronista y contra todo afán colectivo de transparencia -atento a los vidriosos antecedentes de su primera promoción- va ahora por el control de la protesta, separando la uña del dedo: el que sufre el reclamo es pueblo; el otro, no.

Para cerrar, cedo la palabra a un integrante del ministerio público fiscal cordobés -Marcelo Hidalgo, de la fiscalía de anticorrupción-, a la hora de clausurar negativamente para el denunciante su reclamo por un piquete ambientalista: “Para ciertos sectores sociales, la única forma de ingresar al debate público suele ser la protesta social, al contrario de otros sectores con mayor poder económico o político a los que no les hace falta, ya que su sola capacidad de lobby o cabildeo les es suficiente”.

Después de 30 años de democracia, va siendo hora de aprender una lección: lo primero que hay que controlar en un estado de derecho es la propia violencia que generan las instituciones y los poderes corporativos que se sirven de ellas. La calle, el músculo y la conciencia política son instrumentos cancelatorios de un estado de situación. Antes se deben anticipar sus efectos. O enfrentar las consecuencias.

Néstor Pérez es periodista. Conductor del programa Color Local, que se transmite martes y jueves a las 21hs. por FM 94.3 Radio UTN.

Fuente:

Néstor Pérez, Todos esgrimen el mismo palo, 18/08/14, ECOS Córdoba. Consultado 19/08/14.