La falta de aplicación de la ley de glaciares impide que se
los proteja y defienda de actividades que pueden comprometer el bienestar de
futuras generaciones.
Han transcurrido dos años desde la sanción de la polémica
ley de glaciares promulgada en octubre de 2010, tras haber sido vetada en 2008,
cuando el proyecto había sido aprobado por unanimidad de ambas cámaras del
Congreso Nacional.
San Juan, como provincia minera por excelencia, presentó una
medida cautelar a pedido de la empresa minera Barrick, la que fue otorgada por
un juez federal local con el objetivo de suspender la aplicación de la ley por
entender que existía una inconstitucionalidad en varios artículos, entre ellos,
el referido a la obligación de realizar un Inventario Nacional de Glaciares y
del ambiente Periglacial, a cargo del Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet.
La norma, cuyo objetivo es preservar a los glaciares como
reserva de agua, prohíbe toda actividad que impacte negativamente sobre ellos y
ordena la realización del citado inventario en un plazo de 180 días.
Lo cierto es que, a pocos meses de cumplirse el tercer año
de su vigencia, el inventario se sigue haciendo esperar y, según ha
trascendido, es imposible que se concrete este año ya que el Ianigla no cuenta
con presupuesto para afrontar los gastos correspondientes, situación que
permite a las megamineras seguir operando sin restricciones y control ambiental
serio.
Por su parte, el gobierno sanjuanino formó la Unidad Especial de
Auditoría Ambiental, encargada de hacer el inventario de la provincia y dio a
conocer a través del Departamento de Hidráulica de San Juan los resultados de
una auditoría que determina que "las mineras no afectan glaciares",
un resultado que no ha conformado a varios sectores que no sólo critican el
proceso y la metodología utilizada para su realización, sino el hecho de que el
propio anunciante habría trabajado para la empresa Barrick Gold y sus
subsidiarias en el país.
Lo curioso es que los informes de impacto ambiental
presentados por la empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama
admiten que el proyecto Pascua Lama afectará a alrededor de 300 hectáreas de
permafrost (suelo congelado que está protegido por la ley de glaciares y que
integra el ambiente periglacial) lo que constituye una verdadera violación a la
norma.
Lo cierto es que aún no se realizó en esa zona el inventario
conforme lo establece la norma, mientras que esa zona, por contener actividades
en ejecución, debió haber sido considerada como prioritaria.
Es necesario volver a destacar que los minerales y los
metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, y que todos
utilizamos elementos que son consecuencia de la industria minera.
No obstante, ello no quiere decir que la sociedad deba
aceptar procedimientos que carecen de transparencia y de una metodología
adecuada para proteger los recursos naturales de nuestro país.
El verdadero progreso es aquel que promueve un desarrollo en
armonía con la naturaleza. No es posible admitir que, por razones económicas o
políticas, se tolere un impacto a un valioso recurso que debemos proteger para
el bienestar de las generaciones futuras.
De nada sirve contar con una legislación que establezca esa
protección si quienes tienen que aplicarla carecen de recursos para hacerlo o,
superados por intereses coyunturales, miran para otro lado.
Fuente:
Megaminería en San Juan, 30/03/13, La Nación. Consultado 30/03/13.
No hay comentarios:
Publicar un comentario