Funam presentará una acción penal contra funcionarios
nacionales y provinciales. Greenpeace junto a otras organizaciones también
advirtieron que la medida es ilegal ya que no se realizaron estudios de impacto
ambiental ni audiencias públicas. Aseguran que los riesgos de accidentes se
agravarán.
por Lucía Maina
La decisión de extender por 25 años más la vida útil del
reactor nuclear de Embalse a partir de 2014 genera múltiples cuestionamientos
de distintas organizaciones y especialistas, quienes advierten los riesgos
sociales y ambientales que implicaría la medida. Ahora, Funam denunciará
penalmente a autoridades nacionales y provinciales por la ilegalidad del
proyecto, que no cuenta con estudios de impacto ambiental ni audiencias
públicas, tal como indican las leyes vigentes.
La polémica por la central de Embalse se reavivó en los
últimos días a partir del anuncio de que el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) brindó un préstamo por $ 1.200 millones para mantener la planta en
funcionamiento. Se trata de la primera vez que un organismo internacional de
crédito otorga dinero para un proyecto nuclear a escala global.
Tanto el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, como
el representante de Greenpeace, Mauro Fernández, denuncian múltiples
irregularidades en la decisión del gobierno nacional de extender la vida útil
de la central nuclear ubicada en la provincia de Córdoba, cuyo período de
operación debe cesar este año.
Según informaron desde la Nación, la realización de este
proyecto contempla que la planta detenga sus actividades en noviembre de este
año y, luego de diversas modificaciones, vuelva a ponerse en funcionamiento
casi dos años después.
Las organizaciones sociales afirman que el proyecto es
ilegal pero, además, aseguran que este segundo ciclo de la planta agravaría la
contaminación existente con materiales radioactivos y aumentaría notablemente
los riesgos de accidentes, cuyas consecuencias podrían llegar a más de 300
kilómetros a la redonda de la planta.
Proyecto ilegal
Respecto del proyecto que pretende extender la vida útil de
la central nuclear, Montenegro explicó: “Es ilegal por el hecho de que no se ha
cumplimentado la evaluación de impacto ambiental que prevé la Ley de Ambiente
de la Provincia y tampoco se cumplió lo que prevé la Ley Nacional de Ambiente.
Entonces nosotros estamos preparando una acción penal contra funcionarios de
Nación y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y también de la
provincia de Córdoba”, dijo y especificó que la denuncia incluirá a autoridades
de la Secretaría de Ambiente provincial.
Por su parte, Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de
Energía de Greenpeace Argentina, añadió que tampoco se realizaron las
audiencias públicas para consultar a la población, tal como establecen las
normas vigentes.
Al mismo tiempo, afirmó: “Que un banco de desarrollo de
América Latina le otorgue un crédito a una obra que está empezando sin cumplir
la ley vigente sorprende, y sorprende también que la corporación vaya en contra
de su propia misión, que es favorecer el desarrollo sostenible en la región”.
Los riesgos: Fukushima y Chernobil
Desde Funam y Greenpeace señalan que extender el
funcionamiento de la central de Embalse por 25 años más conlleva importantes
riesgos de accidentes, además de prolongar la contaminación existente.
El riesgo más alarmante según los especialistas es que
ocurra el máximo accidente posible, es decir de nivel siete en la escala de
eventos nucleares, cuyo impacto afectaría a casi toda la provincia de Córdoba e
incluso a provincias limítrofes. La magnitud
y las terribles consecuencias de un accidente de este tipo se hicieron
visibles en los desastres de Fukushima y Chernobil.
Según Fernández, en el caso de Embalse son diversos los
factores que podrían originar un accidente de este tipo, tales como “pérdida de
refrigerantes, una falla humana, el riesgo sísmico que tiene la central nuclear
de Embalse estando ubicada sobre la falla de Santa Rosa, el tipo de reactor que
tiene la central”, enumeró.
Esto se agrava si se tiene en cuenta que la planta, según un
informe de Funam, ya ha sufrido al menos diez
incidentes y accidentes de distinto nivel de gravedad entre 1983 y 2005,
muchos de ellos reconocidos por Cnea y Nasa.
Montenegro explicó que gran parte de estos incidentes se
relacionan con las caraterísticas del reactor de la central: “Es un reactor
Candu 6 que además de su antigüedad, porque ya está al filo su vida útil, es un
modelo de por sí muy antiguo y que tiene una serie de fallas inherentes a su
diseño”.
En ese marco, el biólogo precisó que el accidente más
frecuente que ha tenido la central nuclear es la pérdida de agua pesada
contaminada radiactivamente, que en muchos casos terminó depositada en el lago
de Embalse poniendo en riesgo la salud de la población.
Estas fallas, añadió, se agravarían si finalmente se
extiende la vida útil de la planta: “Se parte de un reactor en términos de
estructura que va a tener partes antiguas y partes nuevas. Por lo tanto la inseguridad
que va a tener es enorme”, dijo pero afirmó que confía en que el Poder Judicial
y las medidas iniciadas desde la sociedad impedirán la concreción de este
proyecto.
El presidente de Funam informó que a los riesgos mencionados
se suma otro factor de gran peligrosidad: “En la central de Embalse el
combustible agotado, altamente radioactivo, se almacena en el mismo predio y en
estructuras que no resistirían, por ejemplo, el choque de un avión”.
Para graficar las implicancias de esta situación, indicó:
“El combustible nuclear agotado acumulado hasta hoy en Embalse equivale a
varios Chernobil”. Y destacó que en el accidente de “Fukushima fue la primera
vez que se vio afectado el combustible nuclear agotado”.
“No puedo creer que haya la tranquilidad que hay en Cordoba
de que se extienda la vida útil de la central, es terrorífico. La central tuvo
un accidente que pudo haber sido de gravísimas consecuencias. No tenemos un
historial de prolijidad como se dijo, sino de desprolijidad total”, reflexionó
Montenegro ante este panorama.
Además, aseguró que todos estos datos también se incluirán
en la denuncia penal para demostrar “de qué manera se ha jugado con la vida de
las personas violando normas desde Ambiente”.
Por otro lado, Fernández mencionó las consecuencias que la
central nuclear genera en el ambiente a largo plazo, más allá de las fallas que
pudieran existir. “Al margen de los riesgos, está el plutonio que queda activo
en el planeta durante 240 siglos, la minería que genera la energía nuclear con
una demanda de 90 toneladas de uranio”.
Respecto a esto último, el representante de Greenpeace
mencionó otra de las consecuencias indirectas que tendría la extensión de la
vida útil de la planta: “Hoy por hoy se va a necesitar reactivar la minería en
el país y generar un impacto absolutamente innecesario en otras provincias,
principalmente Chubut y Mendoza, donde se está pretendiendo reactivar la minería de uranio”.
Córdoba No Nuclear
En este contexto, distintas organizaciones están impulsando
un proyecto de ley que busca prohibir las actividades nucleares en la provincia
de Córdoba a partir del primero de enero de 2014. La iniciativa fue presentada
el pasado 6 de marzo en la Legislatura y está siendo promocionada a través de
la campaña Córdoba No Nuclear.
Fernández explicó que Greenpeace junto a otras
organizaciones está trabajando actualmente en diferentes localidades de la
provincia con el objetivo de reunir 25 mil firmas para poder presentar el
proyecto de ley que prohíbe la actividad nuclear como iniciativa popular y de
esa manera impulsar su tratamiento en la Legislatura.
“La idea es que la gente sea la que apoye este proyecto,
demostrar así también la necesidad y el reclamo de diálogo por parte de los
ciudadanos cordobeses que hoy se sienten tomados de rehenes por los planes del
gobierno nacional al avanzar con esta obra sin ni siquiera consultar a la
población”, aseguró el representante de la ONG.
Con la intención de visibilizar la problemática de la
central nuclear de Embalse, el 11 de marzo pasado un grupo de activistas de
Greenpeace ingresó a la planta sin autorización y logró llegar a la cima del
reactor, donde desplegaron una bandera con la consigna “Basta de peligro
nuclear”.
Según Fernández, esta acción demostró “las débiles medidas
de seguridad de la central y su vulnerabilidad ante cualquier imprevisto. Llama la atención y es para quedarse bastante preocupados. Nosotros porque
somos Greenpeace, una organización pacífica y que no busca ni poner en riesgo a
la población ni ocasionar ningún daño, pero no podemos asegurar lo mismo de
otra persona que pueda ingresar”.
Por ley, la Nación debe invertir en energía renovable
Mientras el gobierno nacional avanza en el Plan Nuclear, en
el que se enmarca la extensión de la vida útil de la central de Embalse, la ley
26.190 establece la obligación de que el 8 % de la energía eléctrica de
Argentina provenga de fuentes renovables para 2016. Ante ello, desde Greenpeace
reclaman que el gobierno nacional destine fondos para cumplir con el objetivo
dispuesto por ley.
En este sentido, Fernández aseguró que no se está avanzando
con lo establecido por la ley de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía “por falta de financiamiento mientras que el gobierno
nacional insiste con las obras de la central nuclear de Embalse, invirtiendo
cifras siderales que podrían generar muchísima más electricidad si fuesen
invertidas en energía renovable”.
Desde la Nación afirman que la planta de Embalse permite
satisfacer la necesidad de electricidad de casi 4 millones de personas. Sin
embargo, la organización ambientalista asegura que el dato no es real: “En 2012
la energía nuclear en su totalidad, Embalse y Atucha, aportaron solo el 4 % de
la electricidad nacional”, explicó Fernández.
Y recordó que la ley 26.190, reglamentada en 2009, obliga a
satisfacer el 8 % de la electricidad a través de fuentes renovables de energía,
a partir de los estudios de factibilidad realizados. Por lo tanto, indica, las
posibilidades de estas fuentes estarían duplicando la electricidad brindada por
las plantas nucleares existentes en Argentina.
“Las inversiones se están yendo hacia el desarrollo de
energía atómica, una energía que después de 32 años de desarrollo y muchos
miles de millones de dólares, llegó solamente a aportar el 4 % de la
electricidad mientras que una energía renovable en 10 años puede crecer a un
8 %”, reflexionó el coordinador de la Campaña Energía de Greenpeace.
De esta manera, el activista sostuvo que el gobierno está
incumpliendo con la ley al destinar grandes cantidades de dinero al Plan
Nuclear. En el mismo se enmarca no sólo la nueva puesta en funcionamiento de la
central de Embalse, sino también Atucha I y II. A ello se suma la construcción
del reactor nuclear Caren y la construcción de Atucha III.
Fuente:
Lucía Maina, Denunciarán al gobierno por extender la vida útil de la central de Embalse, 24/03/13. El Puntal de Río Cuarto.
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