por Laura Rocha
¿Cuándo será el día que la clase dirigente discuta y debata
con los vecinos aquellos proyectos con los cuales sueñan con cambiarles la
vida? ¿Se darán cuenta de que ahorrarán dinero y esfuerzo si los cambios
trascendentales para la vida cotidiana se realizan con un relativo consenso
social? Obviamente que nunca va a haber un 100 % de acuerdo. No vivimos en el
mundo ideal, pero cuando de proyectos ambientales y sustentables se trata, una
de las variabales a tener en cuenta es el factor social en el que se desarrollan.
Hay veces que hasta parece una torpeza el modo en que se
presentan trabajos y obras que cambiarán paisajes y formas de moverse. Un caso
para analizar en estos días es el de la transformación que se piensa (y se
ejecuta) para la 9 de Julio, en Buenos Aires. La instalación de un metrobús
requiere el trasplante de 277 árboles con una edad promedio de 40 años. ¿Era
necesario hacerlo? ¿Dónde serán relocalizados? ¿Por qué se traza un medio de
transporte en superficie cuando corre por debajo de la avenida más ancha del
mundo un subte que hace el mismo recorrido? Ya que se va a hacer semejante obra
¿por qué no se instala un tranvía eléctrico que genera menos emisiones y
siempre contaminará menos que los colectivos?
Todas estas preguntas son las que los gobernantes y
proyectistas deberían explicar a los vecinos. Sumadas, obviamente, al cuidado y
el destino de los cientos de palos borracho, tipas y ceibos que se están
corriendo de lugar.
¿Qué pasa que los vecinos sólo se enteran de lo que está
pasando cuando salen a la noche y ven cómo empezaron a podar y trasplantar los
árboles? ¿No es la ciudad de Buenos Aires uno de los distritos del país que ha
instrumentado un proceso de descentralización? ¿Dónde están los gobiernos
comunales discutiendo con los vecinos iniciativas de esta envergadura? ¿No es
necesario una audiencia pública? ¿A cuántos expertos se consultó?
Como todas estas preguntas no fueron respondidas por los
funcionarios antes de comenzar la obra, hoy los vecinos se han presentado a la
justicia. Pero no debe ser la justicia la que canalice estos reclamos, a mi
entender. En una democracia participativa, en pleno siglo XXI y en una
metrópoli como Buenos Aires deberíamos haber aprendido ya que las megaobras sin
consenso terminan costando más caras, en todo sentido. Es que no sólo importan
las variaciones que una posible detención pueda causarle al fisco; el daño que
se genera en el ambiente y en el patrimonio natural son irreparables una vez
realizados.
Y para muestra sobra un botón: en la plaza Intendente
Alvear, después de un año de haber parado la obra de extensión de la línea H,
el propio gobierno porteño decidió dar marcha atrás con el proyecto y reponer
la barranca. La estación y su localización las definirá la Legislatura. Mientras
tanto, los árboles que se mudaron al Indoamericano ya no podrán volver. Eso sí,
habrá que desembolsar otra millonada para que ese espacio verde vuelva a lucir
como antes de las obras. Un verdadero disparate.
Fuente:
Laura Rocha, El daño del patrimonio natural es irreparable, 10/02/13, Ecológico lanación.com Blogs.
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