por Laura Rocha
Ayer empezó en Nueva Orleans un nuevo juicio para dirimir
el grado de responsabilidad de la petrolera británica, British Petroleum (BP)
en la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en el golfo de México, que
en 2010 provocó el mayor vertido de crudo de la historia de Estados Unidos. Si,
como alegan los demandantes, entre ellos el Gobierno Federal, el de varios
Estados afectados por el escape, el comportamiento negligente de la petrolera
favoreció la explosión, la compañía británica podría ser condenada a pagar unos
20.000 millones de dólares.
Durante la primera jornada del juicio, que se espera que se
prolongue varios meses, el juez federal Carl Barbier escuchó los argumentos de
las partes implicadas en el proceso. El abogado del Departamento de Justicia,
Mike Underhill, aseguró que la explosión que hundió la plataforma se debió a la
“cultura de imprudencia corporativa” que estaba arraigada en la petrolera
británica. “Las pruebas demostrarán que BP eligió anteponer los beneficios
económicos a las personas, los beneficios económicos a la seguridad y los
beneficios al medio ambiente”, afirmó.
En noviembre de 2012, BP alcanzó un acuerdo con el
Departamento de Justicia y aceptó pagar una multa de 4.500 millones de dólares
para evitar el proceso en el que se determinaría la responsabilidad penal de la
petrolera en la explosión. La compañía alega que ya ha desembolsado más de
24.000 millones de dólares en labores de limpieza y reconstrucción y que prevé
abonar otros 42.000 millones para zanjar por completo su responsabilidad por el
accidente en el que fallecieron 11 personas y en el que se vertieron 4,9
millones de barriles de crudo.
Dados los miles de millones en juego, la compañía ha tratado
de llegar a un pacto para evitar el proceso, pero, de momento, el acuerdo, que
aún podría producirse, no ha sido posible. Los demandantes aseguran que,
conforme a la Ley
de Agua Limpia, una empresa que contamine debe pagar un mínimo de 1.100 dólares
por barril de crudo vertido, una multa que se cuadruplica si se demuestra que
el escape obedece a prácticas negligentes. BP, por su parte, sostiene que el
Departamento de Justicia ha inflado en un 20 % la cantidad de petróleo vertido.
La determinación de cuánto crudo se derramó tras la explosión y cuánto queda
por recoger forma parte de la segunda parte de este proceso civil que Barbier
pretende resolver en otoño, cuando se concluya la primera fase que ha comenzado
este lunes.
Pese al número de testigos y personas llamadas a declarar -alrededor de 300-, partes implicadas en el proceso -11-, abogados trabajando
en el caso -más de un centenar-, y documentos para revisar -casi 90 millones de
páginas-, el juez está decidido a tener listo un fallo lo antes posible.
Barbier no quiere hacer de este proceso otro Exxon Valdez, que sigue sin
resolverse completamente después de que el petrolero se encallara frente a la
costa de Alaska en 1989.
¿Cuáles serán los resultados?
Fuente:
Laura Rocha, Derrame de BP: un juicio multimillonario, 26/02/13, Ecológico lanación.com Blogs.
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