Las partes no ahorraron recursos en la apertura de la
audiencia por fumigaciones con agroquímicos. Los acusados se abstuvieron y sus
defensores no pudieron recusar al querellante Ávila Vázquez.
Si bien no hubo episodios contundentes, la primera jornada
del juicio por contaminación dolosa en barrio Ituzaingó Anexo planteó un fuerte
debate, sin que las partes ahorraran recursos para avanzar en sus posiciones.
Una firme participación tuvieron defensores, jueces, acusadores y querellante,
marcando la cancha para lo que será una controversia de alto voltaje que
promete seguir en las próximas audiencias.
La abstención de los tres acusados, que negaron los hechos,
un intento de recusar al querellante Medardo Ávila Vázquez por parte de la
defensa y la cruda declaración de éste como testigo describiendo la situación
epidemiológica del barrio, fueron las principales aristas de una jornada tan
extensa como intensa.
En el banquillo de los acusados por “contaminación dolosa
reiterada” hay dos productores agropecuarios, Francisco Rafael Parra y Jorge
Alberto Gabrielli, y el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello. El juicio es por
dos hechos puntuales de fumigación, en 2004 y en 2008, y en ambos está
implicado Parra. En el segundo están acusados Gabrielli y Pancello, con la
distinción de que el aviador está imputado como autor y los productores
responden como instigadores.
El juez Lorenzo Rodríguez condujo el debate que se inició
con el planteo de Juan Manuel Aráoz (defensor de Parra) para recusar al
querellante Ávila Vázquez por considerar que ya no es más el secretario de
Salud de la
Municipalidad de Córdoba, por no representar a los vecinos y
por no vivir en esta ciudad. Los defensores de Gabrielli, Carlos Hairabedian y
Sebastián Becerra, adhirieron y argumentaron en igual sentido, al igual que
Alejandro Pérez Moreno que representa a Pancello. También señalaron que el
querellante podría ser imputado en la “causa madre” (contaminaciones entre 2002
y 2004) y por esto no podía ser parte en este otro juicio.
El fiscal de Cámara Marcelo Novillo Corvalán, entre otros
argumentos, sostuvo que el planteo era extemporáneo. Por si hacía falta, el
instructor Carlos Matheu señaló que era imposible que Ávila Vázquez fuera
imputado en la causa madre porque en esa época no era funcionario municipal. Al
final, el tribunal rechazó el planteo.
Luego, Ávila Vázquez, ingresó para declarar como testigo.
Hasta ese momento, por ser querellante no podía ingresar a la sala (ver Las
caras... ).
Mientras, fuera de Tribunales II y desde temprano, más de un
centenar de vecinos del barrio, dirigentes sociales y representantes de
organizaciones como “Paren de fumigar” se congregaron para manifestar ante el
inicio de un juicio que es el primero de carácter penal en el país. Miguel
Baronetto dijo que es importante este juicio por el precedente que puede
sentar, pero aclaró que además se deben involucrar los otros poderes -el
legislativo y el ejecutivo- en la problemática.
Por su parte, Irina Santesteban, titular de los empleados
del Poder Judicial (Agepj), mostró su preocupación porque al recinto no
pudieron ingresar las madres y familiares de las víctimas del barrio y, en
cambio, entraron allegados a los acusados. La sala de debate se vio rebasada en
su capacidad por el público y por la prensa.
El calor se fue haciendo más evidente a medida que
transcurría la jornada, no sólo por el sol sino también por la presencia de
público y una movida que se completó con una carpa, minirrecitales y una olla
popular. El debate proseguirá hoy con una nutrida ronda de testigos, entre los
cuales se destaca la vecina y denunciante Sofía Gatica. Por su trabajo sobre el
cáncer y las fumigaciones en Ituzaingó, la vecina recibió este año el Premio
Goldman otorgado en Estados Unidos.
Las caras del horror
Ávila Vázquez declaró más de dos horas y marcó el aumento de
los casos de cáncer y su vinculación con las fumigaciones.
Con un mapa exhibió que la mayor concentración de casos se
daba en las casas ubicadas cerca de los campos de soja. Tras hablar del efecto
nocivo que tienen el endosulfan, el DDT y el glifosato, el médico se quebró
cuando el fiscal Novillo Corvalán le preguntó si además de cáncer había
malformaciones. “Nos ha tocado ver que algunos padres tienen culpa como
consecuencia de un problema que ellos les han transmitido” a hijos que
sufrieron efectos teratogénicos o murieron por esos problemas. “Es una verdad
injusta, porque es algo que no es culpa de ellos sino de algo que está
pasando”, dijo con voz quebrada y aludiendo al agente ambiental.
Los defensores no le perdieron pisada y marcaron, acaso,
cómo será el debate con el querellante. Por un estudio, dijo que se determinó
que las enfermedades se deben a los agroquímicos y no al agua contaminada ni al
PCB de los transformadores de la
Epec. Tras los hechos de febrero de 2008, los productores
fueron a hablar con Ávila Vázquez para reanudar el cultivo. La jueza Susana
Cordi Moreno hizo una pregunta clave y determinó que ambos sabían que las
fumigaciones estaban prohibidas y que nunca tramitaron permisos.
El tema dividió aguas en la Federación Agraria
Un grupo de productores nucleados en la filial Córdoba de
Federación Agraria Argentina (FAA) llevaron a cabo días pasados un “tractorazo”
para apoyar a los imputados en la causa por las fumigaciones en barrio
Ituzaingó Anexo.
En Tribunales Federales I, los productores se manifestaron
contra la investigación porque además temen que se pueda crear un antecedente
en contra de la actividad. Así se lo explicó Agustín Pizzichini, presidente de
la filial cordobesa de la FAA
a La Voz del
Interior.
Sin embargo, el Consejo Coordinador de Entidades de Base de
la misma entidad salió a repudiar esa manifestación.
En un comunicado que firma su presidente, Carlos Bergia,
fundamentaron su postura alegando que “dichas acciones individuales tienen un
carácter de inobservancia de las leyes socialmente convalidadas, ajenas al
campo de la acción de defensa gremial de nuestra institución”.
“A la
Federación Agraria Argentina le corresponde (y en este
sentido obramos) bregar por un juicio justo, pero jamás tratar de torcer la
mirada de los jueces para que en este caso, queden excluidos de la ley personas
supuestamente culpables de haberla infligido, por el solo hecho de ser colegas
nuestros”, agrega.
“Las banderas federadas no pueden ser levantadas si no para
fomentar la conservación del suelo, para mejorar la situación de la familia
agraria y de todos los argentinos”, apunta el documento.
Piden considerar las fumigaciones como “delitos de lesa
humanidad”
Lo anticipó el abogado de la querella, Miguel Martínez.
Fundamentará la solicitud en que son ilícitos cometidos por grandes pooles y
grandes corporaciones, en pos de maximizar su rentabilidad económica.
La querella del juicio que se sustancia desde hoy por las
fumigaciones en barrio Ituzaingó pedirá que esos hechos sean considerados como
“delitos de lesa humanidad”. Miguel Martínez, quien representa a esa parte,
fundamentó la estrategia diciendo que son ilícitos en los que participan
grandes corporaciones, para maximizar su rentabilidad económica.
“Voy a pedir que se declare a los hechos con agrotóxicos
como delitos de lesa humanidad, por ser cometidos por las grandes corporaciones
económicas”, dijo el abogado.
“Saben que son productos tóxicos, pero igual los usan para
que la soja crezca sana. Es un problema en el que se enfrentan la salud versus
el dinero”, apuntó Martínez, que actuó en resonantes juicios por los crímenes
de la última dictadura militar.
Por otro lado, señaló que todas las partes involucradas en
el conflicto de Ituzaingó están al tanto del peligro que representan los
agroquímicos. “Los que hacen saben que son peligrosos, los que lo fumigan y los
que lo reciben”, dijo.
“Queremos que dejen de fumigar”
Por otra parte, Martínez fue claro en cuáles son los
objetivos a los que se apunta con el juicio.
“Lo que queremos es que se deje de fumigar con agrotóxicos”,
apuntó el abogado.
En este sentido, la querella pedirá ante el tribunal que se
respete el “principio precautorio” a las fumigaciones.
Esto es, que se demuestre que los productos químicos o
biológicos no son nocivos para la salud antes de habilitar su uso.
“En nuestro país se gastan 5 mil millones de dólares por año
únicamente en glifosato”, dijo Martínez, con la intención de mostrar la
dimensión del problema en Argentina.
Las imputaciones
La causa de barrio Ituzaingó Anexo, en la que uno de los
abogados querellantes es Miguel Martínez, tiene tres imputados por el presunto
delito de violación a la ley de residuos peligrosos, un “delito de peligro”
para la salud de las personas del barrio.
A la vez, el fiscal Matheu investiga si las fumigaciones
pudieron haber provocado cáncer y muertes entre los vecinos del sector, al
sudeste de la ciudad de Córdoba.
“Es un delito de peligro: comprobada la actividad, no
importa si realmente tuvo un efecto tóxico o no”, precisó Martínez.
Además, puntualizó que la pena estipulada -de 3 a 10 años de cárcel- tiene el
sentido de evitar la reincidencia en el delito.
Fuentes:
La Voz del Interior, 12/06/12, Fuerte debate en el comienzo del juicio por Ituzaingó Anexo, por Francisco Guillermo Panero. Consultado 12/06/12.
La Voz del Interior, 12/06/12, Las caras del horror.
El Puntal de Río cuarto, 11/06/12, El tema dividió aguas en la Federación Agraria.
El Puntal de Río cuarto, 11/06/12, Piden considerar a las fumigaciones como delitos de "lesa humanidad".
No hay comentarios:
Publicar un comentario