Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que
cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería,
la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.
por Darío Aranda
“El avance en nuestros territorios de modos de producción
altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de
tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la
producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los
derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente
saludable”. La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas
socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias
Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime
de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el
modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario.
También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre
los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el
documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas,
los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales
nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de
territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bienes
comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como
problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas
públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los
daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos,
los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que
resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en
la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio
precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana,
apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone
aumentar un 60 % la producción granaria para 2020. “Es un aviso de
profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de
nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de
agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”,
alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de
alimentos para acabar con el hambre.
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la
comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”,
afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a
“generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos
representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que
minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas
de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la
pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina
identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las
montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de
colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera
que se desarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en
consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con
resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río
Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera , ubicada en
Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día
de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del
consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de
Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con
arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en
referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta
represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las
fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han
ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos
ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza
con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que
“comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos
sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por
los modelos de producción contaminantes”.
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