La represa de Achiras, abandonada y deteriorada a 12 años de su construcción

El proyecto de obra apuntaba a un fin turístico; sin embargo, por ahora solamente cumple la función de contener las aguas.

Una serie de demandas legales por expropiaciones de terrenos impagas la inhabilitaron para el uso público y la explotación turística. Los costosos equipos que posee se encuentran paralizados y se están dañando.

Sumergida en conflictos políticos, judiciales y ambientales, la represa de Achiras, construida hace tan sólo doce años, se encuentra en un evidente estado de abandono que pone en riesgo su utilidad.

Una serie de demandas judiciales, que tiene parados en una orilla al gobierno provincial y en la opuesta a los propietarios de los campos afectados por la construcción de este embalse de agua, derivó en su inhabilitación para el uso público y la explotación turística. Todo, según se denuncia, como resultado de una “ineficiente gestión en la expropiación de las tierras”.

Además de cumplir con la misión fundamental de contener inundaciones, esta obra hidráulica fue concebida también para convertirse en un lugar imperdible para disfrutar las bellezas de la flora y fauna que la rodean, para transformarse en un gran centro turístico regional, apto para los deportes náuticos y, por si fuera poco, conformar un reservorio de agua de alta calidad que abasteciera a la localidad de Achiras cuando fuera necesario.

Pero, mientras pasa el tiempo y no se avizora el fin del conflicto -al menos en el corto plazo-, los vecinos de la localidad Achiras, bautizada “La linda del sur cordobés”, ven ahogarse en las aguas de este lago de 50 hectáreas los sueños de una obra que prometía cambiar para siempre la historia del pueblo.

Lejos de hacerlo, la inversión peligra en toda su dimensión. Costosísimos equipos se encuentran en desuso y podrían deteriorarse seriamente, con lo cual la represa ni siquiera podrá cumplir la misión principal que motivó su construcción en 2007: la contención de los excesos hídricos de los arroyos Los Coquitos y Achiras para prevenir inundaciones aguas abajo.

Este diagnóstico se desprende de un trabajo de investigación titulado “Transformaciones territoriales y conflictos emergentes. El caso de la represa de Achiras, Córdoba”, que llevaron adelante los docentes Solange Páez (38) y César Brandi (43), del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Cuando el gobierno nacional puso en marcha en el año 2005 un Plan Federal de Control de Inundaciones para atender los problemas hídricos de la región pampeana central (La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) pautó la construcción de once represas en esta provincia: Tigre Muerto, Chañar, Achiras, Las Lajas, Delegue, Las Cortaderas, La Tapa, La Barranquita, Cipión I, Cipión II y Piedras Blancas. De estas obras proyectadas, sólo las primeras cuatro se concretaron.

La presa de Achiras, situada en el departamento Río Cuarto, al sudoeste de la provincia de Córdoba, es una obra hidráulica que ocupa una extensión de 50 hectáreas, destinada a embalsar las aguas del arroyo homónimo, que nace en el faldeo oriental de las Sierras de Comechingones. Su finalidad era regular crecidas, proveer de agua potable a la población local y realizar un aprovechamiento turístico.

El agua de esta presa es considerada un reservorio que puede ser utilizado para abastecer al pueblo en caso de necesidad. Todo el predio que la circunda es una gran reserva de fauna y flora autóctona, de allí la importancia de su preservación y cuidado.

Sin embargo, aunque las obras se terminaron hace pocos años (en 2007), la presa está sumida en un “profundo estado de abandono”, según dan cuenta los investigadores Páez y Brandi. “No puede usarse con fines turísticos ni deportivos, puesto que el gobierno nacional no transfirió las respectivas instalaciones al Estado provincial”, comentaron.

Estos docentes, que integran el Grupo de Investigaciones Socioterritoriales y Ambientales del Departamento de Geografía, pudieron conocer en ese sentido que el Ministerio de Infraestructura Federal de la Nación, que financió la construcción de las represas de Achiras, Las Lajas y Tigre Muerto, no habría concretado el acta formal de transferencia de las obras hacia la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Córdoba, organismo que tiene jurisdicción sobre todos los embalses enclavados en el territorio provincial.

Nadie quiere hablar

La investigación de los profesionales universitarios insumió más de un año de trabajo, durante el cual se dieron muchas veces contra el paredón: el que interpuso el hermetismo de las fuentes gubernamentales y privadas.

“Nos quedamos con una sensación de amargura y frustración después de concluir la investigación. Nos hubiese gustado obtener más información, explicarle a la gente más sobre el tema, porque es necesario hacerlo, pero todas las puertas se cerraban. Hay fuertes intereses de un lado y del otro y nadie quiere decir nada por precaución debido al estado de judicialización del tema”, confió Solange Páez, quien integra los equipos docentes de las cátedras de Introducción a la Geografía y Teoría del Pensamiento, del Profesorado y la Licenciatura en Geografía.

Pocos se ofrecieron a brindar información de primera mano sobre el asunto.

De todas maneras, el relevamiento de la obra y sus alrededores permitió confirmar que, “por ahora, la represa cumple el objetivo de proteger las tierras aguas abajo, contener los excesos hídricos y evitar inundaciones, pero aún queda la deuda pendiente con los productores que esperan que se les pague por las expropiaciones”, apuntó la profesora Páez.

Con el paso de los años, desde que se inició la construcción de la represa, los dueños de los terrenos inundados y aledaños denuncian que el gobierno de la provincia de Córdoba llevó adelante una expropiación “cargada de irregularidades”.

“Si bien la presa funciona, los dueños de las tierras no han logrado cobrar por ellas y, a sabiendas de que no pueden oponerse a una expropiación, solicitan, al menos, que el Estado provincial cumpla pagándoles la indemnización que por ley les corresponde. En los hechos, las tierras han sido expropiadas, pero legalmente la Provincia no ejecutó el juicio de expropiación, que consiste en iniciar un proceso judicial, informar sobre la declaración del bien como de utilidad pública y depositar el monto que está dispuesta a pagar por las tierras tomadas”, precisaron los geógrafos de la Universidad.

En total, son tres los productores afectados, dos de los cuales tienen acciones judiciales en marcha, mientras que el tercero aún está esperando los resultados de una negociación.

Al primero se le expropiaron 30 hectáreas de campo, pero sólo se inundaron 8 hectáreas, por lo que las restantes 22 quedaron inutilizadas. Por esa razón, en el año 2008 decidió iniciar dos juicios, uno de expropiación inversa (restitución) contra la Provincia, tal como lo permite la ley cuando el proceso regular no se cumplimenta, y otro contra la empresa ejecutora de la obra por los daños ocasionados a su propiedad cuando le autorizó el paso para que trabaje en el sector. La propiedad de esta familia es de 50 hectáreas, de las cuales 30 quedaron afectadas a la presa. El dueño recibió una oferta de dinero inicial por las tierras, que desestimó por resultarle “burlesca”. Le ofrecieron por ellas, en su momento, $ 70 mil, cuando un terreno de 1.500 metros cuadrados en Achiras costaba $ 30 mil.

El argumento de la Provincia es que esos campos no tienen gran valor por estar en una zona improductiva para cultivo o cría de ganado, mientras que el reclamo de los propietarios se sustenta en que se trata de una zona turística y por lo tanto la cotización de los terrenos es mayor. El reclamo específico al Estado cordobés es poder regularizar la situación, cobrar por las tierras expropiadas y escriturarlas como corresponde.

En esta causa judicial también quedaron en el ojo de la tormenta las empresas obradoras que trabajaron para construir la presa.

Es por los daños ocasionados a la propiedad. El dueño habría firmado un convenio de paso con la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) que sólo contemplaba “la colocación de una alambrada y no el ingreso de topadoras para derribar los árboles y alambres existentes”, que hoy reposan peligrosamente en el fondo de la presa, tal cual se desprende de la información relevada por los académicos universitarios.

“El propietario de esta porción de tierra en litigio alertó sobre el riesgo que subyace bajo las aguas de la presa si el lugar se habilita y va gente a bañarse, dado que todo el material arrancado (alambres y restos de árboles) no fue limpiado antes de inundar”, resaltó la profesora Páez.

A un segundo dueño se le expropiaron 60 hectáreas de su campo, pero tampoco se sustanció el juicio de expropiación y, aunque todavía no recurrió a los tribunales judiciales a la espera de un acuerdo, sí reclamó por carta documento a la gobernación provincial que se le pague por esas tierras. A su vez, reclama la devolución de 11 hectáreas que le fueron “mal expropiadas”, porque nunca “estuvieron contempladas dentro del proyecto de la presa o de la laguna de contención previa”, detalló la docente local.

En el tercer caso, el dueño sufrió la expropiación de 51 hectáreas. Si bien llegó a un acuerdo con la Provincia a través de un convenio de advenimiento (conciliación de partes), hasta ahora sólo cobró alrededor del 60% del monto total pautado. Este trámite resultó particular y se agilizó debido a que era necesario que el propietario se retirara de las tierras, ya que el plano de obra avanzaba sobre la vivienda de la familia. “El campo quedó partido a la mitad y constituía el medio de vida de sus dueños”, reseñó la investigadora universitaria.

Debido al tiempo transcurrido, en estos casos se debería iniciar todo el proceso judicial desde cero, ya que la ley de expropiación contempla que, pasados cinco años, el propietario de las tierras puede pedir su devolución si no se cumpliera con los pagos correspondientes. Según la investigación, esta demora en la concreción de los procesos judiciales generó también otros inconvenientes a los propietarios, debido a que “no pueden reescriturar aquellas tierras que les quedan libres de la expropiación. Esto implica que no pueden disponer de ellas. Incluso, en ocasiones, hasta les suelen llegar los cobros de impuestos por hectáreas que ya no son de ellos”.

Los autores del trabajo puntualizaron que “la obra no fue inaugurada oficialmente aún porque, entre otras razones, no se concluyó con el proceso de expropiación de las tierras”. Y agregaron: “Años atrás, cuando se evaluó la posibilidad de sacar agua de la presa para proveer a Achiras en casos de emergencia, se debió pedir autorización a los productores, porque las tierras donde está localizada siguen figurando a nombre de los productores. Se trata entonces de propiedad privada, por lo que el ingreso al lugar está vedado con carteles que así lo indican”.

Los habitantes de Achiras no pueden hacer uso de los recursos naturales que ofrece la presa ni ejercer mecanismos de control y vigilancia que aseguren su sustentabilidad, a raíz de los conflictos que se suscitaron en los últimos años, sostiene la investigación.

Páez y Brandi consideraron que “la función del Estado, nacional o provincial, debería ser identificar estos puntos de conflicto en el uso de los recursos implicados y generar un espacio de diálogo, concertación y negociación entre los actores sociales con el fin de resolver dichas tensiones. Pero esto resulta sumamente difícil, en la medida en que es el Estado el que está generando el conflicto, a través de la falta de coherencia interinstitucional y la poca coordinación entre entes gubernamentales nacionales y provinciales competentes, que dificulta el avance de propuestas de reglamentación sobre las tierras y, en consecuencia, la elaboración y ejecución de planes de manejo ambiental sobre la presa”.

Fredy Dutra. Prensa UNRC

Fuente:

La represa de Achiras, abandonada y deteriorada a 12 años de su construcción, 24 octubre 2019, El Puntal de Río Cuarto. Consultado 25 octubre 2019.