En la
noche de ayer, el Senado de la Nación finalmente le dio sanción a
la Ley de Protección de Humedales. A pesar de tratarse de una
legislación nacional de presupuestos mínimos de carácter federal,
varios artículos fueron modificados incluso durante la misma
votación para darle una mayor injerencia a las Provincias, con
gobiernos que quieren continuar profundizando el modelo extractivo.
Algunos senadores impusieron así la posibilidad de decidir las áreas
que serán explotadas con fines productivos, con criterios laxos en
el ordenamiento territorial de humedales, y sin moratoria.
La
coyuntura no resultaba favorable. A pesar de que las organizaciones
sociales y ambientales llevan trabajando tres años en la discusión
específica de la Ley, algunos senadores expresaron hasta ayer mismo
desconocer de qué se trata el proyecto. En ese marco, la semana
pasada el recinto votó que se volviera a discutir en comisiones, a
pesar que sólo restaba una sesión ordinaria. Algunas voces
advirtieron que la Ley estaba "herida de muerte", pues
corría grave peligro de perder estado parlamentario. En este
contexto, debieron aceptarse negociaciones de último momento, que le
restan poder a la iniciativa legislativa como herramienta para
proteger los humedales.
Así,
el futuro de estos ecosistemas que tienen gran responsabilidad en
regular los ciclos hidrológicos, incluyendo la posibilidad de
mitigar las inundaciones severas, estuvo signado por una dinámica
parlamentaria particular. En el debate previo, el senador Fernando
Pino Solanas (Proyecto Sur) -autor principal del dictamen de mayoría-
intentó enfatizar que "lo siento como un proyecto de todos".
Aclaró que "promovimos un gran debate desde mayo",
convocando a dos audiencias públicas. Aún así, "no fue
suficiente" y a pedido de senadores "se hicieron 26
modificaciones", incluyendo cambios en 18 de los 20 artículos
de lo que fuera presentado como el proyecto de consenso.
En
esa instancia, como en los días previas fue el senador Alfredo De
Angeli (PRO - Cambiemos) el encargado de sembrar dudas: "Nosotros
estamos muy preocupados, porque tenemos que volver a las provincias y
contarles a los productores por qué se votó la Ley de Humedales".
También advirtió que con la Ley no se podrían realizar obras de
infraestructura de defensa de las inundaciones porque se harían
sobre humedales, cuando justamente son estos ecosistemas los que
naturalmente previenen de las inundaciones severas. En los días
previos, se conoció que el Ministro Rogelio Frigerio tiene interés
en construir un barrio náutico en Villa Paranasito, sobre humedales
entrerrianos. De Angeli se mostró preocupado porque "no se
podrían construir caminos".
La
letra achica
A la
hora de la letra chica de la Ley de Humedales, sin embargo, fue la
senadora Graciela De la Rosa (FpV), de Formosa, quien se encargó de
corregir el llamado "proyecto de consenso", incorporando
algunos cambios considerables con el argumento de defender a las
provincias. Así por caso en la discusión del artículo 5°, la
senadora incluyó la potestad de las provincias como "autoridades
competentes" de la Ley, y extendió de dos a tres años el plazo
para confeccionar el Inventario de Humedales. Este último punto ya
había sido presentado por el propio gobierno nacional, cuando lanzó
su iniciativa de hacer el Inventario, expresó que "tomará al
menos tres años". Resulta un dato importante, porque recién
luego de esta tarea, las Provincias tendrán dos años más para
hacer su "Ordenamiento Territorial de Humedales", según el
artículo 12.
Este
punto se conecta con otra cuestión clave: el proyecto resultante de
la negociación y el consenso no incluye una cláusula precisa de
moratoria respecto al avance sobre los humedales hasta tanto no se
cuento con el inventario y el ordenamiento. Resulta así una Ley sin
poder de acción efectivo, porque habrá al menos 5 años (3 de
Inventario nacional, 2 de Ordenamiento provincial) para que se
negocie la ocupación extractiva sobre los humedales. La herramienta
de la moratoria resultó fundamental en la Ley de Bosques, sancionada
en 2006, como recuerda María Eugenia Testa, ex integrante de
Greenpeace. Sin moratoria, hay riesgo de mayor "corrupción y el
otorgamiento especulativo de permisos".
Otro
aspecto regresivo del debate final en el recinto fue la exclusión
explícita de los salares como ámbito de aplicación de la Ley, por
pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR) de Jujuy, con el fin
confeso de no afectar los intereses de la minería de litio. Lo había
intentado desde el principio la senadora Inés Blas (FpV), quien
pidió alterar el objeto mismo de la Ley, pero en ese momento Pino
Solanas logró que no se modificara. Sin embargo, con la excusa de
que se incorporó un nuevo artículo más adelante, Giacoppo volvió
a sacar el tema y se incluyó como artículo 14 -sin correlación
alguna con los otros artículos- la excepción de los salares,
agregando que "serán objeto de una regulación específica".
¿Una
cuota de optimismo?
La
sanción definitiva de la Ley de Humedales, no obstante todas las
falencias señaladas, aún puede resultar una herramienta útil para
el movimiento ambientalista. Si tomamos los casos de las Leyes de
Bosques y de Glaciares, que son antecedentes directos, como señaló
la senadora Magdalena Odarda -otra de las impulsoras de esta Ley-,
entonces se debe aprender de estas experiencias. Ninguna de esas
legislaciones tuvo una aplicación efectiva en toda su magnitud,
porque tal vez se descuidó el seguimiento de la normativa luego de
conseguida la sanción. En el caso de Bosques tuvo cierta incidencia,
ayudada por la moratoria, aunque la pelea fue desigual en las
distintas provincias que hicieron su ordenamiento. En el caso de
Glaciares, la tarea del Inventario recayó en la Nación, pero
todavía su avance es muy lento y sin seguir las prioridades
pautadas.
También
el año pasado, cuando la Ley de Humedales corría riesgo de no ser
tratada en Diputados, existieron voces críticas desde algunas
organizaciones ambientalistas porque la legislación no representaría
ningún punto concreto. Pero otras organizaciones, sobre todo con
base en el Litoral, argumentaron la importancia de que existiera una
Ley, y en ese sentido aún en el peor de los casos obliga a los
gobiernos provinciales a tener que tratar la cuestión. De aquí
entonces se abre una agenda a mediano plazo que debe seguirse en cada
territorio, además de solicitar el Inventario a nivel nacional,
pidiendo también incluso que haya legislaciones provinciales, que
algunos senadores expresaron como la solución.
Por
cierto que los graves problemas ecológicos, y en particular con el
caso de las inundaciones severas, no admiten tiempos dilatados en
tomar medidas concretas. La realización efectiva del Inventario de
Humedales, en este punto, debe ser también otra herramienta para
seguir poniendo el tema en agenda, a la vez que recordando su
importancia ante eventos concretos como las inundaciones. Y mientras
que la Ley le dio un lugar relevante a los gobiernos provinciales
-como puerta para seguir con el extractivismo- debe serñalarse el
carácter federal e incluso interjurisdiccional de muchos humedales.
Con too ello, los dirigentes ambientalistas -provenientes de ONGs-
involucrados en el gobierno nacional también deberían tomar partido
definitivo por los humedales en la reglamentación y aplicación de
la Ley.
Para leer el resto del artículo dirigirse a ComAmbiental
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