Tenso
conflicto entre aborigenes y un empresario. Orlando
Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la
restricción oficial. Resistencia indígena.
por Marcelo
Larraquy
En
las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de
tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas
recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en
regiones forestales.
Aunque
el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos
indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de
tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las
tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se
inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En
los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas
características en áreas de bosque.
Uno
de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó
el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el
año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo
con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de
Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital
santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de
la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La
Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido
inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los
aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE
VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A
partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión
del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las
páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas.
Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de
haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de
derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su
vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya
cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y
siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por
tomar el campo”.
El
gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras”
con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió.
Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por
“intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su
propiedad y sus bienes”.
Casi
un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido,
Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco
topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a
detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un
sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están
haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su
director.
Fuentes
de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil
hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para
tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de
2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo
de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia
del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde
entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de
su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes
amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3
camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en
conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la
comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon
en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los
mensajes en su celular de este diario.
Informe:
Julio Rodríguez (corresponsal en Santiago del Estero).
Fuente:
Marcelo Larraquy, Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal, 26/11/16, Clarín. Consultado 01/12/16.
No hay comentarios:
Publicar un comentario