Las
nuevas autoridades del ente a cargo de la limpieza llevaron un
diagnóstico cuestionado por el máximo tribunal; reclamo vecinal por
viviendas.
por Laura
Rocha
Sólo
con preguntas la Corte Suprema de Justicia desnudó la flaca tarea de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante la
audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se
rindan cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional,
bonaerense y porteño a limpiar la cuenca más contaminada de la
Argentina.
El
presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, tuvo que
recordar en reiteradas oportunidades que el saneamiento del Riachuelo
fue ordenado por un fallo judicial de 2008, que más allá de la
buena voluntad de los funcionarios hay que cumplir con la manda
judicial y que todo lo que se dice tiene carga de prueba.
"Pasa
el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el
30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro
que esto es una sentencia judicial. No está claro cómo se
cumplirá", dijo Lorenzetti a Gabriela Seijo, directora
operativa del organismo, quien se vio obligada a dar el informe ante
la ausencia del director ejecutivo, Julio Torti. La funcionaria
expuso algunos números que no quedaron claros. "A nosotros nos
importa lo que dicen ustedes. Esto que usted informa es una prueba",
le dijo el presidente de la Corte.
Un
tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock
Sud, en la Villa Inflamable, tienen problemas psicomotores; 5200
millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones
sobre su destino; apenas 10 % de las soluciones habitacionales
concretadas, y sólo el 20 % de la sentencia cumplida fueron algunas
de las cifras que brindaron distintos funcionarios de la Acumar. Pero
sólo fue un diagnóstico.
Varias
veces los jueces les recordaron que la causa no comenzó en esta
gestión y que, a pesar de que era la primera vez en una audiencia,
debían responder por la continuidad de las acciones. Algunos
funcionarios sólo pudieron exponer sobre lo realizado desde su
asunción, tras el recambio presidencial.
También
estuvieron presentes en la audiencia los ministros Elena Highton,
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El trámite
fue público y por momentos, tenso.
Dentro
de la sala, tres representantes de vecinos del "camino de sirga"
de las villas 21 y 24, en la zona de Barracas, fueron desalojados
luego de media docena de interrupciones, al grito de "mentiras",
durante la exposición del gobierno porteño.
"¡Justicia!
¡Justicia!", reclamaban con vehemencia un centenar de vecinos
que, afuera, seguían la audiencia en pantallas. Rebatían cada
afirmación de los funcionarios.
"Es
un error de la Corte no escuchar a los vecinos. Ellos no son cosas.
Quieren ser parte de la solución y no ser tomados como el problema",
dijo Luis Duacastella, el defensor adjunto porteño. Según pudo
saber La Nación, el lunes los vecinos serán recibidos por el juez
federal Luis Rodríguez, uno de los dos magistrados que la Corte
designó para la ejecución de la causa.
La
exposición de la Auditoría General de la Nación fue contundente:
los indicadores establecidos por la Acumar no permiten controlar el
cumplimiento de los objetivos del fallo, el nuevo plan no adjunta el
financiamiento y resulta imposible evaluar la viabilidad del plan.
En
representación del cuerpo colegiado conformado por la Defensoría
del Pueblo de la Nación (acéfala) y varias ONG, habló Andrés
Nápoli, miembro de la FARN: "Los problemas de gestión de la
Acumar explican en gran parte el incumplimiento del fallo".
Respecto de las viviendas, uno de los temas más calientes de la
audiencia, sostuvo: "Las viviendas se construyen en terrenos con
poco valor inmobiliario y deficiente calidad del terreno".
Fuente:
Laura Rocha, Riachuelo: la Corte Suprema desnudó los escasos resultados del plan para sanearlo, 01/11/16, La Nación. Consultado 01/11/16.
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