Un anteproyecto
de la Provincia propone modificar la autoridad de aplicación y
quiere realizar otros cambios, al menos, discutibles. Se cerró la
mesa de diálogo y la Legislatura deberá definir el mapa de las
zonas protegidas.
por Lucas Viano
La Provincia dio
por finalizada la mesa de diálogo para modificar el mapa de
ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN) incluido en la ley
sancionada en 2010.
La norma prevé
que cada cinco años se realice una actualización de las hectáreas
incluidas en las diferentes categorías de protección (rojo,
amarillo y verde).
La Provincia
había convocado a una mesa en la que participaron entidades
agropecuarias, ONG ambientales, el movimiento campesino y las
universidades. La semana pasada dio por concluido ese espacio.
La sorpresa es
que también se expidió con un anteproyecto de ley. El cambio más
llamativo es que propone como autoridad de aplicación al Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Provincia. (Se puede leer el proyecto
aquí)
Actualmente es la
Secretaría de Ambiente que depende del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos.
En todas las
otras provincias la autoridad de aplicación es el ministerio o
secretaría de ambiente, o bien alguna dependencia de recursos
naturales o bosques.
Algunos casos
excepcionales son Tucumán, donde la autoridad es el Ministerio de
Desarrollo Productivo, pero a través de la Dirección de Flora,
Fauna Silvestre y Suelo; y el Consejo Agrario Provincial en Santa
Cruz.
El documento
también elimina la figura de arresto, habilita el desmonte con
agroquímicos y el rolado en el sector rojo y excluye a los
matorrales del área protegida.
El nuevo
anteproyecto cosechó las críticas del ambientalismo y del
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Este último
denunció que con la nueva normativa se intenta avanzar con el rolado
selectivo sobre más de dos millones de hectáreas, mediante el
cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de
rolo.
“La disminución
de la superficie de conservación va contra la ley nacional y sólo
provocará la impugnación del proyecto provincial dejando a los
campesinos y productores que han ordenado el territorio sin acceso al
financiamiento que viene por pago de servicios ambientales”,
advirtieron desde el MCC y decidieron retirarse de la mesa.
Ley, pero sin
mapa
La Provincia
presentó ayer en la Legislatura un informe técnico con el que el
Poder Legislativo deberá realizar el mapa del OTBN. Sin embargo, los
reglamentos nacionales indican que es la autoridad de aplicación la
responsable de actualizar el mapa.
Federico Kopta,
presidente de Foro Ambiental Córdoba aseguró que en la mesa técnica
convocada por la provincia nunca se habló de cambiar la ley. “El
anteproyecto tiene una multitud de falencias que favorecerán el
desmonte”, asegura.
Y agregó: “Deben
respetarse las superficies actuales categorizadas como rojo y
amarillo, ya que es lo que dispuso el Consejo Federal de
Medioambiente (resolución 236/12). La actualización periódica del
mapa debe realizarse teniendo en cuenta el concepto de no
regresividad. La normativa ambiental no debe ser modificada si esto
implica retroceder respecto a los niveles de protección
anteriores”.
Kopta señaló
que los argumentos legales, ambientales y sociales que aducen las
entidades rurales para reducir las áreas de bosque nativo protegidas
no tienen sustento científico.
Por su parte, las
entidades rurales siempre se opusieron a la actual ley de bosques.
Argumentan que es muy restrictiva y no les permite producir, lo cual
afecta socioeconómicamente al postergado norte cordobés.
Para Gabriel De
Raedemaeker, titular de Cartez, es una grata sorpresa el cambio del
organismo de control. “Vemos con buenos ojos que algunos actores
que hoy están contaminados sean puestos a un costado. Valoramos
mucho que quien aplique la ley tenga una posición más técnica y
científica en lugar de una postura ideológica. De todos modos creo
que las posturas más radicalizadas han ido quedando en el camino”,
dijo.
El proyecto no
incluye a los matorrales
No incluye a los
matorrales. Define a los bosques como ecosistemas “compuestos
predominantemente por especies arbóreas maduras”. Desde el
ambientalismo sostienen que los matorrales brindan la mayoría de los
servicios ecosistémicos que provee un bosque (mantener la fertilidad
del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de
carbono responsable de cambio climático). Además, si se les da
tiempo muchos matorrales tiene el potencial de convertirse en
bosques.
La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Ciencia. En la actualidad es la
Secretaría de Ambiente.
No prohíbe el
rolado. El rolado es un mecanismo para eliminar el estrato
arbustivo. No lo prohíbe en la categoría roja, la de mayor
protección. Tampoco prohíbe expresamente el cambio de uso de suelo
(desmonte total) en esta categoría.
Permite el
desmonte químico. Esta acción que estaba prohibida por el
decreto 170/11 que modificó la ley actual.
Elimina la figura
de arresto. El arresto es una de las sanciones prevista en la actual
ley para los infractores.
Crea otro
registro de infractores. Este mecanismo ya existe, lo cual puede
prestarse a que se realice un blanqueo.
Permite
reforestar con especies exóticas. Permite que se utilicen especies
exóticas en aquellos predios que hayan sido ilegalmente desmontados.
Dudas sobre el
mapa. El ambientalismo teme que el nuevo mapa que debe confeccionar
la Legislatura reduzca la cantidad de hectáreas protegidas como
proponen Cartez y la Federación Agraria.
Reducción. Para
la Federación Agraria en la provincia no debería superar los dos
millones de hectáreas la superficie de bosque nativo protegida.
Lo que queda. El
mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas y según
estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de
hectáreas con bosque nativo.
Fuente:
Lucas Viano, Quieren que el área de Ciencia controle la ley de bosques, 06/12/16, La Voz del Interior. Consultado 07/12/16.
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