La Provincia
convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814. Las diferentes
posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y
ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto. Según estudios
realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas
con bosque nativo.
por Lucas Viano
Como en 2009
cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial
de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando
diferencias irreconciliables entre el sector rural y el
ambientalismo.
Este año, la
Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley
9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su
estado de conservación y las actividades permitidas.
Pero en este
espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG
ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar
un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.
Hace unos días,
la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que
el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un
sinceramiento.
“Creemos que la
cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería
superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la
categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla
alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento
presentado en esta mesa de diálogo.
Pero según
estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de
hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas
más que la postura de la FAA.
El trabajo fue
realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es
el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado
hasta la fecha.
En el recuento se
incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y
ecosistemas halófitos (ambientes salinos).
El mapa
provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9
millones más de hectáreas que la idea de la FAA.
“Las gravísimas
distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa
reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional
por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea
clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde
la FAA.
Uno de los
argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo
que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la
Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar
los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales,
para que el bosque vuelva.
Desde el
ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de
los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger
los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y
el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio
climático.
“Querer excluir
del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado
a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los
criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un
documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el
Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de
Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la
Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.
También
sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones
de menor valor, como proponen desde el sector rural.
Los ruralistas
quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo
sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería
estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que
la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de
pasturas exóticas.
Fuente:
Lucas Viano, Federación Agraria quiere 1,9 millones de hectáreas menos, 29/11/16, La Voz del Interior. Consultado 29/11/16.
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