Durmiendo con el enemigo

Las 114 hectáreas de la Reserva San Martín, creada por Ordenanza en 2009, guardan patrimonios ambientales, culturales, históricos y arquitectónicos. Pero el Municipio no cumple la normativa ni tan siquiera en la cantidad de personal para protegerla. El propio intendente Mestre, dicen los que la defienden, es la principal amenaza.

por Juan Cruz Taborda Varela

En la Av. Cárcano, la que lleva al Kempes y permite huir de la ciudad hacia Punilla, se multiplican los carteles viales y publicitarios. Algunos mencionan nombres de barrios privados, con sonoridad vintage cool. Otros, centros comerciales de nombre extranjero. Adivinar, para el desconocido que no sabe por dónde se va a la Reserva San Martín, es la tarea. No hay un solo indicador que diga cómo se arriba al único espacio de la ciudad que no sólo conserva más de 100 hectáreas en estado puro, sino que además es el único camping en toda Córdoba. La dirección de Señalamiento del Municipio, habitualmente de asamblea porque no tienen ni gasoil para los móviles, acá no llega.

En 2009, durante la gestión de Daniel Giacomino, aquel intendente que hoy se puso una farmacia, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 11.702, que creó la propia Reserva -Parque desde 1979 hasta ese momento-. Considerada Patrimonio Ambiental, la Reserva es la única área de toda Córdoba protegida bajo ese halo. También es el único espacio donde se cruzan dos eco regiones -bosque serrano y espinal- que prácticamente están extinguidas en el país. Pero así y todo, ni aquel intendente que permitió que se creara, ni los anteriores ni el que le sucedió, jamás pisaron el único espacio del tipo en la ciudad. No es exageración: ninguno fue.

Además de las 114 hectáreas y casi 8 mil metros cuadrados de monte, flora y fauna, el espacio es sitio de estudio para geólogos: el Servicio Geológico Minero Argentino lo declaró centro de referencia geológico. Y hay, en las barrancas arriba de un Suquía que se vuelve único, construcciones coloniales del nacimiento de Córdoba. El Molino de Hormaeche, el casco de la estancia y eternas construcciones en adobe le otorgan el otro carácter que la hace única al mundo. Bosque milenario y construcciones centenarias.

Por todo este valor, es lógico que la Ordenanza de 2009 determinara, en su Artículo 11, inciso E: “Establecer el funcionamiento de un cuerpo permanente de guardaparques que deberá funcionar las 24 horas, los 365 días del año para garantizar la vigilancia y protección de la RSU” -Reserva Natural Urbana-.

Para cumplir con lo establecido por ley, se precisarían 15 guardaparques, a los fines de cubrir todos los turnos necesarios, todos los días del año. Pero, a contramano de la Ley, violentándola, en la actualidad la Reserva cuenta con un (1) guardaparque. Uno. Además de él, otros 6 empleados municipales, que hicieron un curso, se interesaron en la temática y les sobra voluntad para la protección ambiental, se distribuyen los tiempos para resguardar, en la medida que pueden, las 114 hectáreas. Las cuales, pese a que la normativa establece que debe estar abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, sólo puede hacerlo de 8 a 20, con una guardia mínima los fines de semana.

Pese a que la Ley dice que los responsables de la Reserva deben ser guardaparques titulados, desde la creación de la norma, que atravesó 2 años del ex soldado Giaco y 5 de Mestre hijo, el Municipio no tomó ninguno. La planta de personal, por uno y otro espacio político, siempre creció.

Otro de los puntos claros e indiscutibles de la Ordenanza es la que establece que el Municipio se ve obligado a proveer de las herramientas y vehículos necesarios para la mantención de las 114 hectáreas. En su artículo 11 establece que la Reserva debe tener “vehículos, maquinarias y herramientas destinadas al mantenimiento, cuidado y limpieza”.

Los 7 trabajadores -responsables, digamos, de unas 17 hectáreas cada uno- cuentan con una 1 sola camioneta para la totalidad del espacio. En realidad, ahora, en este momento, ninguna. El vehículo sufrió un choque en febrero y desde entonces la respuesta es la misma: está en reparación. Ergo: hoy no tienen móvil. Usan los vehículos particulares. Se viene la temporada de incendios. El equipo hidrante con motobomba que poseen, que se calza en la camioneta en reparación, lo deberán llevar alzando.

En cuento a las maquinarias y herramientas que obliga la norma, durante años se pidió una motosierra. Básico. No tenían motosierra. Finalmente llegó. Pero no tienen ni aceite ni nafta. Para usarla, deben comprar ellos mismos.

Pese al abandono estatal, la recuperación de la vegetación y la fauna ha avanzado notablemente. Y junto a ello, el interés social y educativo. Las permanentes visitas de escuelas, diariamente en dos turnos, de lunes a viernes -contabilizan 5 mil alumnos anuales-, lo ratifica. También han incrementado las áreas de educación y la idea de aula abierta, planeada en la misma Ordenanza, se extendió incluso al nivel universitario: Ciencias Exactas, Biología, Geología y Turismo son algunas de las carreras que hacen prácticas en la Reserva San Martín.

Un corset privado

La violación que hace el propio Municipio a la Ordenanza se entiende cuando se analizan los pasos dados por la gestión Mestre en relación a las 114 hectáreas. La desprotección sistemática de la Reserva no la sufren sus alrededores, que crecen y crecen. Las 114 hectáreas han quedado, literalmente, rodeadas. Y cuando uno está rodeado, siente presión. Eso lo saben bien quienes cuidan y protegen al espacio. Enumeremos: Campo de vuelo, Altos del Chateau, La Reserva, Santina Norte, Jardín Inglés y al oeste, un nuevo barrio residencial. El espacio que ocupan todos los barrios privados que encorsetaron a la Reserva representa más del doble que la propia Reserva: unas 250 hectáreas. Todos estos desarrollos urbanos privados presionan. Mucha gente, muchos autos y pocas calles. De allí las exigencias de los desarrollistas para abrir caminos en terrenos vedados por razones de protección.

Adriana Moyano es bióloga y preside la Asociación de Amigos de la Reserva, institución formada en 2009. Fueron ellos los impulsores de la actual Ordenanza. “La única forma de preservar el espacio era transformarnos en Reserva, porque la protección es mayor”, explica Moyano. Pero advierte que siete años después, “la intención de los funcionarios municipales es no respetarla”. La prueba, por caso, fue el intento de construir un acceso secundario a uno de los barrios privados que rodean la Reserva, Santina Norte, de Edisur. El proyecto del nuevo acceso era por la parte de atrás de la Reserva, “y para eso tenían que tirar muchos árboles añosos y autóctonos. Y lo impedimos. Era una franja de terreno en el límite, figuraba una calle pública, pero nunca había existido y para abrirla había que tirar unos 100 árboles autóctonos. La Municipalidad había autorizado, se escudaban en la existencia de esa calle pública, pero no evaluaron el impacto ambiental que iba a generar. Fue durante la primera gestión de Mestre, la biólogo Alejandra Toya, que es Directora de Impacto Ambiental, autorizó sin exigir la evaluación de impacto ambiental”.

Esa primera experiencia, que lograron frenar, fue apenas el preámbulo de lo que vendría luego en la disputa con la gestión Mestre: la prolongación de la Costanera. Al comienzo, la obra estaba pensada sobre la calle Miguel Lillo, que atraviesa la Reserva, “y que en realidad en los planos catastrales no existe, es sólo un acceso de la Reserva, pero no es calle pública. Les dijimos desde el comienzo que eso no se puede hacer, la Ordenanza lo establece, no se pueden hacer obras de infraestructura vial”. Efectivamente, el artículo 15 inciso I de la Ordenanza establece la prohibición de “la construcción de caminos, accesos y toda obra de infraestructura vial que no responda a las necesidades internas de la Reserva”. Moyano recuerda que inicialmente el Municipio se echó atrás, “pero después mandaron máquinas para alisar y ensanchar la calle. Y tuvimos que presentar un recurso de amparo”. La Justicia le dio la razón a la Asociación, pero el Municipio apeló. En segunda instancia, la Asociación volvió a tener la validez del Poder Judicial, pero la gestión Mestre insistió con la apelación. Hoy el proyecto de la Costanera está en manos del Tribunal Superior de Justicia desde hace tres años.

Un hecho no menor es quién es el responsable de hacer la obra de la Costanera: una de las tantas empresas desarrollistas que deciden cómo y para dónde va la ciudad. A través de la ordenanza de Convenios Urbanísticos –la norma inexplicable que permite violar las leyes pre existentes-, Mestre autorizó a Gama construir edificios más altos de lo que se permite a cambio que ellos hicieron la Costanera. La calle Lillo era una alternativa, pero no pueden. Entonces el plan fue hacerla por el margen del río. Para ello es necesario talar más de 40 mil árboles a lo largo de 2 kilómetros. “Destruyen el río y por ende la Reserva, porque evolucionaron juntos –explica Moyano-. Entonces ellos propusieron el margen norte, al frente de la Reserva. Para ello deberían desalojar a muchísimos vecinos que no están ilegales, sino a la orilla del río. Deberían expropiar, y eso encarece muchísimo la obra, porque son viviendas de Villa Belgrano, que es una zona muy cara. Y lo mismo afecta la Reserva”.

Conscientes, en la Asociación, que en la zona norte hay problemas de conectividad vial -problemas que no solucionaría exclusivamente la prolongación de la Costanera-, “nos juntamos con la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, con ingenieros y arquitectos de la institución, para ver cómo se podía aliviar el tránsito en la zona. El proyecto que hicimos supone acondicionar calles ya existentes y prevé tres salidas posibles, dos a la Cárcano y una al nudo vial del Tropezón. Más barato y sin impacto ambiental, porque es en zonas que están pobladas y no hay que tirar árboles ni expropiar viviendas”.

El proyecto elaborado conjuntamente entre decenas de profesionales fue presentado al intendente Ramón Mestre y a sus funcionarios en marzo de este año. Hubo reunión con Sebastián Roca, a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y también con responsables de Planeamiento Urbano. La promesa, por parte de los integrantes del Municipio, fue estudiar el proyecto y volver a reunirse al mes siguiente. “Nunca más se comunicaron con nosotros. El otro día nos cruzamos con Roca en la Audiencia por el Plan de Metas, le pregunté qué pasaba y nos dijo que no tenían nada. Que el proyecto de la Costanera estaba retrasado. Todo con muchos eufemismos” cuenta Moyano, que no duda: “Lo que más nos cuesta como Asociación es defender a la Reserva del propio Municipio. Giacomino no tomaba decisiones, nos dejó hacer. Estas presiones actuales se intensificaron con Mestre, que ha sido un murallón infranqueable”.

La historia no es deporte

La Reserva no es solo la conservación del Ambiente. Su riqueza está dada también por el hecho de en que en sus terrenos está montado el primer molino de Córdoba, el Hormaeche, que data del 1500. Junto a él está el casco de la estancia El paraíso, de los Villada y restos de lo que fueron viejos galpones. El descuido permite ver dos etapas de construcción: cuando ya existía el ladrillón de barro cocido y la previa, todo de adobe. Pero las lluvias, que frenaron posibles incendios esta temporada, atentaron contra el patrimonio histórico: varias paredes de adobe, de cientos de años, se cayeron en los últimos meses.

La última vez que una gestión municipal hizo algo para proteger esta riqueza histórica tangible fue en la época de Rubén Américo Martí. Un alambrado perimetral intentó evitar que extraños pudieran acceder a los vestigios centenarios. Pero los años pasaron, al alambrado se lo robaron y las paredes se caen por la sola desprotección. Estas riquezas centenarias, si bien están en un área que está bajo la potestad de Ambiente, depende de la Secretaría de Cultura.

El historiador Raúl Aguilar Vouillat forma parte del Foro en Defensa del Patrimonio Cultural, que realizó una investigación en el sector que implicó relevamiento y documentación. El informe fue elevado a la Agencia Córdoba Cultura y al Ejecutivo municipal. Hubo alguna promesa de intervención preventiva. Pero nuevamente el cruce entre una gestión y otra hizo que nadie hiciera nada.

Y hay otro cruce de dependencias. Porque dentro de la Reserva también está en el único camping de toda la ciudad, que maneja el área de Deportes. Que, de acuerdo a los integrantes de la Asociación de Amigos de la Reserva, toman decisiones que van en contra del propio espacio. “Se lo planteamos a Sebastian Roca, responsable de Ambiete. Deportes decidió hacer un estacionamiento para los autos de los funcionarios y tiraron 3 árboles de 80 años cada uno. ‘No podemos hacer nada’, eso te responden los funcionarios. Llenan el camping de gente, relatan partidos o carreras por altoparlantes y nadie dice nada” explica Adriana Moyano, presidenta de la Asociación.

Y así, con el camping en manos de Deportes y las ruinas en manos de Cultura, el cruce de dependencias hace que nadie se haga cargo. Sólo excusas.

Fuente:

Juan Cruz Taborda Varela, Durmiendo con el enemigo, 08/08/16, Matices.