Hace unos pocos años, el renacimiento nuclear era un sueño aplastado por la realidad del accidente de Fukushima, los costos cada vez mayores de licencia y construcción de reactores y la creciente disponibilidad de fuentes de energía renovable más asequibles.
Por Juan Vernieri
El astuto establishment nuclear ha logrado encontrar una manera de asegurar su preservación a pesar de todo el sentido común. Frente a esta industria altamente subsidiada, las fuerzas de la verdad, la justicia ambiental, la ciencia, la ética y la sostenibilidad ecológica, tienen un desafío mayor que nunca. Las enormes dádivas del año y la promoción descarada de la energía nuclear han sido la culminación de la efectiva campaña de sus defensores en los Estados Unidos.
Mientras la industria de la energía nuclear se enfrentaba a una amenaza existencial, su maquinaria de lobby y unos pocos patrocinadores extremadamente ricos, encontraron una nueva forma de presentarse.
Veamos la ola más reciente de ayudas sociales. En 2016, los reactores comenzaron a recibir rescates por miles de millones de dólares a nivel estatal después de que la industria se autodenominara “verde”.
Luego, en 2021, el gobierno norteamericano intervino con la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA), seguida por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (IRA), ambas promocionadas como importantes proyectos de ley sobre el clima.
El Servicio de Información y Recursos Nucleares analizó los proyectos de ley y reveló la cantidad de fondos dedicados a la promoción de la energía nuclear.
La IIJA proporcionó la friolera de 11.000 millones de dólares para la energía nuclear. La IRA se volvió loca fiscalmente y prodigó a la industria una dádiva de 134.000 millones de dólares.
En marzo de 2024, los irresponsables promotores recibieron una vez más la reautorización de la Ley Price-Anderson, que permite a la industria nuclear seguir produciendo libremente las catástrofes más tóxicas y peligrosas que conoce la humanidad, sin la carga de tener que cubrir el costo de cientos de miles de millones de dólares por accidentes.
La prórroga de la Ley Price-Anderson y la finalización de la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA) dieron a la industria luz verde para seguir envenenando el aire, el agua y la cadena alimentaria sabiendo que no habrá consecuencias para los contaminadores ni compensación para los sobrevivientes.
Justo cuando la industria estaba grogui, recibió un golpe de “suerte” con la aprobación en julio de la Ley de Aceleración del Despliegue de Energía Nuclear Versátil y Avanzada para una Energía Limpia (ADVANCE).
Con esta ley, el Congreso está obligando a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) a reescribir su declaración de misión para incluir la promoción de la energía nuclear, además de su objetivo actual de proteger la salud y la seguridad del público y el medio ambiente. Una forma de degradar aún más la autoridad de la NRC al acelerar la concesión de licencias y debilitar la supervisión de la seguridad.
Ahora que las pesadillas de Fukushima se han disipado, los sueños de la industria nuclear pueden hacerse realidad: ampliar a 80 años las licencias de los reactores nucleares decrépitos, reactivar los reactores cerrados y poner en marcha otros nuevos. De ser así, ello significará más extracción de uranio, más destrucción de tierras, más transporte radiactivo, más contaminaciones radiactivas y accidentes a lo largo de toda la cadena de combustible, más residuos radiactivos de alto nivel, más dinero en los bolsillos de los ya ricos, más consumo de energía y menos energía renovable. (Fuente: NUKEWATCH Kelly Lundeen)
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