La
minería ilegal en Brasil ya está causando una deforestación
catastrófica, además de contaminación y conflictos en tierras
indígenas, pero un nuevo proyecto de ley podría empeorar la
situación.
por
Peter Yeung
Desde
el cielo, los alrededores de Creporizão, una remota ciudad en el sur
de la Amazonía brasileña, parecen un vasto manto de selva tropical
verde oscuro. Pero a lo largo de los caminos de tierra y los ríos
que los atraviesan como arterias, se ven manchas marrones fangosas:
minas de oro ilegales.
Los
mineros ilegales vienen a la zona buscando fortuna. Cada día,
cientos de ellos se embarcan en largos viajes por el río Crepori
para llegar a las minas de oro, mientras que otros vuelan en pequeños
aviones que aterrizan en pistas improvisadas. Estas escenas se han
vuelto habituales en la mayor selva tropical del mundo y se
consideran la causa de una destrucción generalizada.
José
María, que prefiere no dar su nombre completo, es uno de los mineros
del estado de Maranhão, a unos 1.000 kilómetros al este. Está
esperando en la orilla del río a que un barco lo lleve a una de las
minas de oro. "Estamos aquí para hacer un trabajo honesto y
ganarnos la vida”, dice. "No veo dónde está el problema”,
agrega.
Pero
las minas en las que trabajan José María y sus compañeros se
encuentran en un territorio de más de dos millones de hectáreas que
pertenece a los mundurukús, una de las mayores tribus indígenas del
Amazonas, cuyas tierras ricas en minerales están protegidas por la
Constitución de Brasil de 1988.
Según
una encuesta realizada en 2019 por el instituto de investigación
Datafolha, el 86 por ciento de los brasileños se opone a la minería
en tierras indígenas. Sin embargo, esta actividad ha sido alentada
por el controvertido proyecto de ley del presidente brasileño Jair
Bolsonaro, quien pide la legalización de la minería comercial en
estas zonas.
Presentado
al Congreso de Brasil a principios de febrero, el proyecto de ley aún
no ha sido sometido a votación. Rodrigo Maia, presidente de la
Cámara de Diputados de Brasil, considera que el proyecto "no es
inconstitucional”. Por el contrario, aplazó su votación porque
"no era el momento adecuado”.
El
Ministerio de Minas y Energía de Brasil dijo a DW que planea
"regular las actividades mineras en tierras indígenas”, y
añadió que el proceso requeriría "una consulta con las
comunidades indígenas” que podrían participar en la actividad
minera.
Mientras
que algunos de los mundurukús se han dejado seducir por el atractivo
del dinero fácil que genera la extracción de oro en sus tierras, la
mayoría sigue oponiéndose a la minería ilegal.
"La
gran fiebre del oro”
Algo
más de una décima parte del territorio de Brasil está clasificado
como tierra indígena, repartida en más de 400 reservas. Pero según
la Red Amazónica de Información Socio Ambiental y Georreferenciada
(RAISG), hay más de 450 minas ilegales en la Amazonía brasileña,
donde se encuentran la mayoría de esas reservas. El proyecto de ley
probablemente provocaría un aumento drástico del nivel de la
actividad minera.
"Una
vez que se abra la puerta, se convertirá en una avalancha”,
lamenta Glenn Shepard, un antropólogo estadounidense que trabaja con
poblaciones indígenas afectadas por la minería ilegal. "La ley
creará un precedente que permitirá la entrada de más mineros. Ya
es una fiebre del oro a gran escala, y estos grupos indígenas están
perdiendo el control”, dice a DW.
Antes
de la votación del proyecto de ley, el Ministerio de Minas y Energía
informó a DW que había recibido más de 4.000 solicitudes de
actividades relacionadas con la minería en tierras indígenas.
Las
tensiones entre los mineros y las comunidades locales son muy graves.
En junio de 2019, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) indicó
que docenas de mineros vestidos con uniforme militar invadieron la
comunidad wayampi en la Amazonía brasileña, y apuñalaron y mataron
a uno de sus líderes.
Según
una investigación de la ONG internacional Global Witness, en 2018
fueron asesinados 20 defensores de la tierra y del medio ambiente en
Brasil. A escala mundial, la organización sin fines de lucro citó
la minería como el sector más mortífero, con 46 asesinatos
cuantificados ese mismo año.
El
problema de la deforestación
Desde
el punto de vista ambiental, uno de los mayores impactos de la
minería es la tala. Un informe de 2017, publicado en la revista
Nature Communications, reveló que la minería supuso un 9 por ciento
de toda la pérdida de bosques de la Amazonía entre 2005 y 2015.
En
noviembre de 2019, docenas de líderes tribales de la región
amazónica se reunieron con organismos oficiales en Brasilia para
presentar denuncias e informar las graves amenazas que sufren sus
territorios.
Alessandra
Korap Munduruku, una líder del estado de Pará que asistió a la
reunión, afirma que la legalización de la minería "sería la
muerte de nuestro pueblo”.
Además
de traer "enfermedades y prostitución a nuestro pueblo,
drogadicción a nuestros hijos y conflictos violentos a los hombres
mundurukú”, la actividad minera también está matando peces por
envenenamiento con mercurio.
El
mercurio liberado durante la extracción de oro sobre el gran río
Tapajós, ubicado en la región, se filtra en los afluentes. También
en los que pasan por la ciudad de Creporizão y son utilizados por
las comunidades locales como fuente de agua.
A
finales del año pasado, en un primer estudio de este tipo, Erik
Jennings, un neurólogo de la ciudad brasileña de Santarém, tomó
muestras de sangre y cabello de 112 personas de la tribu para evaluar
los niveles de mercurio.
"Es
un genocidio lento”, alerta Jennings a DW. "El mercurio puede
causar serios problemas cognitivos y visuales, así como deformar
fetos”.
El
problema del comercio legal
Incluso
el comercio legal de oro en Brasil no está regulado en gran medida.
Eso facilita la proliferación de negocios ilegales y desempeña un
papel importante en la destrucción de la Amazonía. Según los
fiscales del estado de Pará, la falta de reglamentación del
comercio legal y el hecho de que los recibos sean copias al carbón
facilitan que los delincuentes prosperen y que el oro ilegal entre en
el sistema legal.
"El
fraude es relativamente fácil en este sector, y la investigación de
ilegalidades se convierte en un obstáculo casi insuperable”,
lamenta Luis de Camoes Lima Boaventura, fiscal de Santarém.
"Hasta
que no se instale un sistema informático, las autoridades no pueden
comprobar la legalidad de las transacciones en tiempo real. En la
actualidad, todo lo que se necesita para llevar a cabo una
transacción con oro ilegal es bolígrafo y papel”.
Según
estimaciones de la Agencia Nacional de Minería, en el estado de Pará
se comercializan anualmente unas 30 toneladas de oro por un valor de
unos 900 millones de euros (unos 4.500 millones de reales o 1.000
millones de dólares) de forma ilegal, unas seis veces más que la
cantidad legalmente declarada.
Cuando
los mineros como José María regresan a Creporizão, después de un
viaje que a veces dura días, se dirigen a una de las muchas tiendas
de oro de la ciudad. Allí, el metal precioso extraído se funde en
barras estandarizadas, o lingotes. Una vez hecho esto, el oro
extraído ilegalmente, que es responsable de la deforestación
generalizada, la contaminación y la violencia en la Amazonía, entra
a formar parte del mercado mundial y su origen ya no puede ser
rastreado.
(ar/rr)
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Fuente:
Peter Yeung, La fiebre del oro en la Amazonía destruye la selva tropical, 25 marzo 2020, Deutsche Welle.
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