por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, 12
jul 2018 (IPS) - La inquietud por el creciente uso de agroquímicos
en la agricultura y su impacto sobre la salud y el ambiente recorre
Argentina y llevó al gobierno a mostrarse activo y comprometido en
un tema en el que prefirió no actuar durante años.
Cuatro ministros
de la administración de Mauricio Macri -de Agroindustria, Ambiente,
Salud y Ciencia y Tecnología- se mostraron juntos el miércoles 11,
en una imagen absolutamente inusual, durante la presentación de una
serie de principios y recomendaciones “sobre buenas prácticas en
materia de aplicaciones de fitosanitarios”.
El objetivo,
según explicó el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, es
“llevar seguridad a la población, tanto a las comunidades locales
que conviven con la actividad agrícola como a todo el resto de los
habitantes de la Argentina, que consumen los alimentos que se
producen”.
La empresa parece
difícil. La intranquilidad por la cuestión de los agroquímicos,
que no es nueva, quedó de manifiesto como nunca antes desde fines
del año pasado hasta hoy, período en el cual distintos municipios
prohibieron el glifosato, el herbicida de mayor uso en la agricultura
nacional.
Uno de ellos es
el municipio de Rosario, que es el tercero más poblado del país y
además tiene una gran importancia simbólica en esta cuestión, ya
que concentra en sus alrededores las plantas procesadoras de soja
transgénica, cultivo que en las últimas dos décadas desplazó al
trigo y al maíz y ocupa más de la mitad de la superficie sembrada.
En ese período,
la tierra dedicada a la agricultura en este país de casi 2,8
millones de kilómetros cuadrados pasó de unas 18 millones de
hectáreas a 35 millones y, aunque no hay estadísticas oficiales ni
privadas sobre el uso de agroquímicos, expertos estiman que este se
triplicó.
De todas maneras,
los cuatro ministros hicieron una defensa cerrada del modelo agrícola
y, en particular, del glifosato, cuya licencia fue renovada en
noviembre por un período de cinco años por la Unión Europea (UE)
por 18 votos contra nueve, en una decisión que tuvo en vilo a los
productores argentinos por sus implicancias económicas.
“No
desconocemos que las sustancias químicas que se usan en la
producción agrícola tienen potenciales efectos nocivos, pero nada
es completamente inocuo. Uno se puede morir hasta tomando agua en
cantidad”, sorprendió el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino
Barañao.
“La agricultura
de hoy es tan dependiente de los fitosanitarios como la salud depende
de los antibióticos. Y también los antibióticos, si no se aplican
bien, pueden tener consecuencias fatales”, agregó.
También
enfático, Etchevehere rechazó los cuestionamientos, cuando dijo que
los agroquímicos “bien aplicados, no causan ningún tipo de daños”
y que “todo depende de la dosis y de la manera” en que se
apliquen.
“Entendemos que
puede haber preocupación, pero no podemos guiarnos por afirmaciones
ideológicas o militantes. Convocamos a una discusión con criterios
científicos”, agregó.
Desde las
organizaciones sociales y ambientales que llevan adelante la denuncia
pública del impacto de los agroquímicos, sin embargo, no se confía
en las intenciones oficiales.
El presidente de
la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale,
dijo a IPS: “Quieren simplificar la cuestión, calificando a
nuestras afirmaciones como ideológicas y a las de ellos, como
científicas. Es exactamente al revés”.
Viale agregó que
“ellos son unos fundamentalistas del agronegocio y no están
dispuestos a atender los estudios científicos que revelan que en la
Argentina se está produciendo una tragedia ambiental por el uso de
agroquímicos. Ahora, sólo buscan convalidar el modelo agrícola”.
La actividad
agropecuaria es central históricamente en la economía argentina y
lo sigue siendo hoy. Si se suman productos primarios o
industrializados, el campo es responsable de cerca de 70 por ciento
de las exportaciones y de 20 por ciento del producto interno bruto de
este país sudamericano.
La estructura
constitucional de Argentina es la de un país federal, donde las
regulaciones en materia ambiental están en manos de las provincias.
Por eso, el
documento elaborado por un grupo de expertos convocados por el
gobierno nacional contiene 12 principios y 23 recomendaciones para la
aplicación de agroquímicos, que no son vinculantes y apenas
constituyen “un marco orientador” para las autoridades
subnacionales, como lo llamó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
En todo caso, la
Constitución argentina también prevé que el legislativo Congreso Nacional dicte leyes de “presupuestos mínimos de protección
ambiental”, que deben ser respetadas obligatoriamente por las
provincias.
En ese sentido,
el documento recomienda que se impulse una ley que declare “de
interés para la Nación la adopción de buenas prácticas en la
aplicación de fitosanitarios” y que establezca criterios para todo
el país.
El presidente de
la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio
Benedetti, integrantes de la alianza gubernamental Cambiemos, se
mostró favorable a que el tema sea ordenado por una ley nacional.
“Es probable
que discutamos en el Congreso este tema, que es muy complejo y que
afecta de una u otra manera a todos los argentinos. Es muy importante
que despejemos miedos”, dijo a IPS.
En realidad, en
el Congreso existe ya desde al año pasado un proyecto de ley de
agroquímicos presentado por el opositor Fernando Solanas, que es
presidente de la comisión de Ambiente del Senado.
Solanas es, desde
antes de incursionar en la política, un reconocido director de cine
y este mismo año estrenó su última película, un documental que
retrata el efecto de los agroquímicos en distintas zonas del país.
Su título es “Viaje a los pueblos fumigados”.
Su proyecto de
ley sostiene que 12 de los 44 millones de argentinos viven en zonas
donde se aplican agroquímicos y están en riesgo.
La iniciativa
propone que se prohíban de manera absoluta las fumigaciones aéreas
y se restrinja la aplicación terrestre, en un área de 1.500 metros
alrededor de las áreas urbanas, que quedaría constituida como zona
de amortiguación.
Precisamente la
de las zonas de amortiguación es tal vez la cuestión más
conflictiva.
De hecho, el tema
de los efectos de los agroquímicos llegó a la agenda pública en
2002, cuando un grupo de mujeres de un barrio de la ciudad de
Córdoba, llamado Ituzaingó, denunciaron que las fumigaciones en las
plantaciones de soja que estaban a pocos metros de sus casas habían
provocado casos de cáncer y malformaciones.
El documento
presentado por los ministros, sin embargo, no se pronuncia sobre la
extensión que debe tener las zonas de amortiguamiento, ya que
considera que debe ser “variable y funcional a las particularidades
y escala de cada lugar”.
Entre 2003 y 2012
el uso de agroquímicos en Argentina creció 850 por ciento, de
acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Sanidad y Agropecuaria
Fertilizantes (Casafe), que últimamente dejó de publicar sus
números.
El director
ejecutivo de esa cámara empresaria, Federico Landgraf, dijo a IPS
que “el glifosato debe ser la sustancia más estudiada del planeta.
Hay una demonización desde el punto de vista ideológico”.
Edición:
Estrella Gutiérrez
Fuente:
Daniel Gutman, El malestar por los agroquímicos sacude al gobierno en Argentina, 12/07/18, Inter Press Service. Consultado 14/07/18.
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