Empresas asesinas
en la Amazonía ecuatoriana. Durante 26 años,
Chevron arrojó en la selva ecuatoriana el equivalente a 30 veces el
petróleo derramado por el Exxon Valdez. Después de 22 años de
litigio, y a pesar de la condena de la justicia ecuatoriana, la
impunidad continúa para Chevron y las víctimas de sus actividades
en Ecuador todavía esperan justicia y reparación.
por Eduardo Camin
CLAE / Rebelión
Es negro el
cielo, y las camisas tendidas en el alambre se arruinan con ese
malestar de un día velado por la tragedia, en esa mañana
inverosímil, la mitad de la selva ecuatoriana llora a mares. Por el
río viaja un sentimiento triste, ancho, solitario como un buque de
guerra, un barco de granito piloteado por la muerte. El agua
temblorosa se abre como una herida violenta desolada por su perpetua
agonía de la flora y fauna mezclados con el lodo del petróleo. Una
empresa petrolera, Chevron es responsable de uno de los peores
desastres petroleros del planeta.
Durante 26 años,
Chevron (entonces Texaco) extrajo petróleo en la Amazonía
ecuatoriana y contaminó más de 450.000 hectáreas de una de las
regiones más ricas en biodiversidad del mundo, destruyendo el lugar
de vida y los medios de subsistencia de sus habitantes. Durante
tiempo Chevron intencionalmente arrojó el equivalente a 30 veces el
petróleo derramado durante el desastre del Exxon Valdez, en la selva
tropical ecuatoriana. Más de 60.000 millones de litros de agua
cargados con residuos tóxicos se derramaron en ríos y arroyos, y se
excavaron 880 pozos para almacenar residuos de hidrocarburos.
Después de 22
años de litigio, y a pesar de la condena de la justicia ecuatoriana,
la impunidad continúa para Chevron y las víctimas de sus
actividades en Ecuador todavía esperan justicia y reparación.
Chevron, por su parte, niega cualquier responsabilidad y dedica
enormes recursos y esfuerzos a frustrar el juicio, acosar a las
víctimas y silenciar a sus defensores.
Las corporaciones
transnacionales son actores centrales en la gestión y promoción de
la globalización neoliberal, y a la vez sus grandes beneficiarias.
Detrás de la extracción y quema de combustibles fósiles, del
aumento de la venta de coches, del peligro de la proliferación
incontrolada de organismos modificados genéticamente, de la
deforestación con daños incalculables, de las industrias
contaminantes, de la concentración de la propiedad de la tierra y de
la privación del acceso al agua, la educación o la salud, de la
explotación laboral, así como de la presencia de regímenes de
inversión que consagran los derechos del capital transnacional en
detrimento de las mayorías del mundo, se hallan unas complejas
dinámicas y políticas de empresas transnacionales
Está
suficientemente demostrado que estas empresas necesitan de una
arquitectura legal y política para operar con impunidad. Organismos
multilaterales -como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, la Organización Mundial de Comercio-, los tratados de
libre comercio y de inversión, el lobby ilegal y sistemático ante
las instituciones de la UE, la corrupción o los sistemas legales
nacionales, crean las condiciones para la actividad impune de las
transnacionales.
El CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por
ejemplo, es una institución del Grupo del Banco Mundial,
especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre
gobiernos y empresas de otros Estados.
Una de sus
finalidades es dotar a las empresas transnacionales con una
herramienta capaz de brindar seguridad jurídica a los flujos de
inversión extranjera directa sin ningún tipo de restricción
ambiental o social, forzando a los Estados de países empobrecidos a
someterse a reglas que van en desmedro de su economía y del
bienestar de sus poblaciones más pobres.
Ante esta
situación nos preguntamos si cabe esperar algo del poder judicial y
de la vía jurídica para luchar contra esta impunidad y enjuiciar a
las empresas por delitos ecológicos.
Algunas
organizaciones intentan llevar adelante una lucha desigual pero
ejemplar, frente a la arroganciay la impunidad de estas
multinacionales y merecen ser destacadas. Recientemente CETIM, UDAPT
y FORUM NOBIS presentaron un informe al Relator Especial de la ONU
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Tras
esta interpelación, instó al gobierno de Eeuu a actuar.
El CETIM (Centro
Europa-Tercer Mundo) y sus socios denuncian desde hace años los
ataques de la multinacional Chevron contra los defensores de las
víctimas de esta empresa en Estados Unidos y Ecuador. Enviaron un
informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación
de los defensores de los derechos humanos. En el informe se instaba
al Gobierno de los Estados Unidos a que dejara de criminalizar a
quienes defienden los derechos de las comunidades afectadas por las
actividades de las ETN en el Ecuador. Los pueblos indígenas de la
Amazonía ecuatoriana.
Después de esta
interpelación, el Relator Especial Michael Forst pidió cuentas al
gobierno de Estados Unidos, señalando "sesgos y otras
irregularidades procesales, incluyendo abusos en los procedimientos
judiciales iniciados por Chevron Corporation ante los tribunales
federales”.
El gobierno de
los EE. UU. respondió que el caso "involucraba un asunto de
litigio privado en el que el gobierno de los EE. UU. no es y no
necesita ser parte. Curioso razonamiento por parte de un gobierno que
se supone deba luchar contra las violaciones de los derechos humanos
contra las acciones de terceros, incluso las empresas
transnacionales.
El Relator
Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos deplora hoy que el gobierno de Estados Unidos no
haya respondido a preguntas específicas sobre las acciones de la
empresa. Por lo tanto, reivindicó las afirmaciones contenidas en el
informe y confirmó la legitimidad de esta lucha.
Pensamos que, si
el cambio climático es el problema ambiental y social más grave de
la humanidad, ¿cómo es posible que no abunden las demandas contra
numerosas empresas por emitir cada vez más gases que provocan el
calentamiento global? ¿Por qué no hay querellas contra los bancos
que financian autopistas, oleoductos y refinerías?
¿O reclamar
responsabilidades a las empresas que producen automóviles y los
medios de comunicación que anuncian sus productos? ¿Preguntas
demasiado audaces en una realidad política y económica cuyo
objetivo dominante es perpetuar un crecimiento económico? La
impunidad campea a sus anchas, a pesar de lo que nos quieran hacer
creer.
Eduardo Camin: periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Coresponsales de Prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Notas:
Lea aquí el informe completo sometido por CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Lea la respuesta del gobierno de los Estados Unidos aquí.
Lea aquí la respuesta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (ver p.36).
Fuente:
Eduardo Camin, La impunidad de los ricos, 18/06/18, Rebelión. Consultado 18/06/18.
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