Lo ambiental en la gestión provincial

Ley de bosques. Pese a la intención del oficialismo de aprobar la nueva norma antes de fin de año, fue sorprendente la reacción popular contraria.

por Fernando Barri

El año que pasó no será recordado como uno más en materia ambiental. En 2016 se confirmó un hecho que décadas atrás hubiera sido impensado: una pequeña población logró impedir la instalación de una multinacional como Monsanto, apoyada por los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Un logro conseguido sólo con la convicción de que ello podría ser dañino para la salud y con una férrea resistencia de los asambleístas.

También fue el año de grandes traspiés del Gobierno provincial, que tuvo que dar marcha atrás con proyectos muy cuestionados por la población local, como la construcción de un dique en una reserva natural de Ascochinga.

Por su parte, las audiencias públicas que debe organizar el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía ante proyectos que pueden provocar impactos ambientales son cada vez más masivas y contrarias a los intereses de los particulares.

Por donde se mire el mapa cordobés, se suscitan luchas en defensa de la calidad de vida y de territorios libres de las tantas amenazas de degradación ambiental que se impulsan desde los sectores privados y gubernamentales, tales como las que llevan adelante los vecinos de José de la Quintana contra la construcción de una mina, o los de Santa Ana ante el intento de instalación del nuevo predio de enterramiento de la basura de la ciudad de Córdoba.

Resistencias sociales que no sólo generan dolores de cabeza a los funcionarios de turno, sino que comienzan a ser abordadas satisfactoriamente por la Justicia, que actúa conforme a las nuevas leyes ambientales surgidas de la voluntad ciudadana.

El futuro

En este contexto, llama poderosamente la atención la insistencia del Gobierno provincial y los partidos políticos tradicionales en avanzar con proyectos no sólo contrarios a los intereses colectivos sino perjudiciales para el futuro de nuestra región.

En concreto, se está debatiendo en la Legislatura un anteproyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, para modificar la actual ley de bosques, en cuya vigencia se perdió el 60 por ciento de la cobertura de bosques nativos de los principales departamentos del noroeste de la provincia.

Esta iniciativa es aun peor, porque abre las puertas a que se produzcan desmontes masivos y de todo tipo, y con multas irrisorias para los infractores.

Pese a la intención del oficialismo de aprobar la nueva norma antes de fin de año, fue sorprendente la reacción popular contraria. En pocos días, las manifestaciones se multiplicaron, al punto de incomodar a una Legislatura que, a decir de la oposición, funciona como una escribanía del poder central.

La pregunta que queda por hacerse ante este escenario es si los funcionarios del Gobierno provincial son miopes -políticamente hablando- en materia ambiental o si tienen la astucia política de saber que nadie les reclamará en el futuro las consecuencias sociales (muertes incluidas, como las ocurridas en Sierras Chicas en la inundación de febrero de 2015) y económicas (cerca de la mitad de la superficie provincial está improductiva por la degradación del suelo) de lo que probablemente vayan a aprobar y tratar de aplicar en el transcurso de este año.

Esta última hipótesis es bastante probable, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de la población cordobesa desconoce los rostros y los nombres de sus representantes.

Sólo el tiempo nos dará la respuesta. Y ojalá no sea demasiado tarde para actuar.

Fernando Barri pertenece a la Cátedra de Problemática Ambiental (UNC)

Fuente:

Fernando Barri, Lo ambiental en la gestión provincial, 17/01/17, La Voz del Interior. Consultado 19/01/17.