La justicia federal admite demanda colectiva contra los transgénicos

por Laura Rocha

Después de varios días de ausencia, vuelvo a la carga. Esta vez con una noticia, que aunque no fue muy difundida no deja de tener una trascendencia importante. Es que el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes.

La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el “etiquetado” de los productos que los contengan.

La resolución dictada en la causa caratulada “Gimenez Alicia Fanny otros” (Expediente original Nº 22339/2014) reconoce idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos, como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos.

“Los demandados son el Estado nacional, por incumplimiento del deber de control, y un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante (Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras), productoras de OGM, principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz y el paquete químico atado a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes)”, detalla el diario La Capital.

La modificación artificial del genoma de una planta, o “evento” en la jerga de estas empresas, fueron aprobados en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de treinta millones de hectáreas.

Además, se vierten más de trescientos millones de litros de agrotóxicos (veneno) al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea al ambiente, los ecosistemas, la salud y el patrimonio cultural de las personas.

La demanda fue presentada por los abogados especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun. La misma sostiene que “se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción.

“Se exhorta al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo y que se condene a las empresas demandadas a “recomponer” o “reparar” el ambiente y ecosistemas dañados (flora y fauna) mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies”, sostienen los abogados demandantes en su presentación.

“Para el caso de que ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento”, sostiene la resolución.

Los casos:

Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida en el 2010. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo

Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.

Caso Tomasi. Fabián Tomasi, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.

Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.

Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía dos años, fué rociado en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.

Fuente:

Laura Rocha, La justicia federal admite demanda colectiva contra los transgénicos, 23/06/15, Ecológico lanación.com Blogs.