Una organización
ambientalista nacional demandó a funcionarios provinciales por
autorizar la fractura hidráulica para explotar petróleo. Dicen que
no se cumplieron las normas ambientales.
La Asociación de
Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal para investigar
si hubo irregularidades en la aprobación del fracking en Mendoza. En
realidad apuntan a las primeras experiencias de esa práctica
realizadas en Mendoza el año pasado y que, según la demanda, se
hicieron fuera de las normas ambientales.
Los denunciantes
son los mismos que encabezaron otros reclamos nacionales por
conflictos ambientales, como la que se lleva adelante en la justicia
federal por el derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan.
Entre ellos está el senador mendocino Marcelo Romano.
La demanda es
para que se investigue si las autoridades ambientales de Mendoza
cometieron abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes al
haber autorizado la fractura hidráulica. La sospecha es que esa
práctica se habilitó sin cumplir los pasos establecidos por las
leyes ambientales, como la 5961.
“El Gobierno de
la provincia de Mendoza fue la primera y única jurisdicción en el
mundo en aprobar una técnica tan controversial sin haberla estudiado
previamente, sin haber solicitado a su personal consejo técnico, sin
haber acudido a los profesionales de sus universidades, sin haber
planteado una moratoria hasta poder conocer los riesgos de la
técnica, o haber tomado alguna medida precautoria como han hecho”,
dice la demanda. En particular aseguran que la autorización se
aprobó en tiempo récord. “La aprobación de la técnica se
realizó en secreto entre los funcionarios denunciados, en tiempo
récord (6 días hábiles) para evitar la resistencia social
(reconocida por los mismos funcionarios), apelando al hecho consumado
para eliminar cualquier posibilidad de protesta previa que pusiera en
peligro el proyecto de la empresa beneficiada”, aseguran.
La historia
El año pasado se
realizó la primera prueba de fractura hidráulica en el área Puesto
Rojas, en Malargüe. La empresa El Trébol, concesionaria del área,
la ejecutó y este año profundizó esos trabajos. El Gobierno
autorizó la práctica tomando un atajo que la normativa, entienden,
les permite: como el área ya era explotada de manera convencional,
autorizaron el fracking a través de una actualización de la
manifestación de impacto ambiental, que tiene algunas exigencias
menos que un proceso iniciado desde cero, pero que incluye informes
sectoriales. Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín
Oficial cuando la práctica ya había comenzado.
Luego de ello
hubo varios litigios judiciales. Y el Gobierno tomó la experiencia
piloto y los análisis para redactar una norma específica en la que
se reglamenta cómo se debe aplicar el fracking en Mendoza. Esa norma
sí se puso a consideración pública a través de una audiencia.
Mientras tanto, la Suprema Corte analiza una demanda civil presentada
por la ONG Oikos.
La demanda
presentada hoy apunta contra el gobernador Alfredo Cornejo, el
secretario de Ambiente Humberto Mingorance y la directora de
Protección Ambiental Miriam Skalany
La fractura
hidráulica (fracking) es una técnica que se usa para extraer
petróleo de manera no convencional. Consiste en la perforación de
pozos a gran profundidad para llegar a la "roca madre",
donde está contenido el petróleo y el gas. Luego se inyecta agua
(con aditivos químicos) a gran presión para que genere porosidad en
la roca y, así, se liberen los hidrocarburos.
El Gobierno tiene
a la explotación no convencional como uno de los ejes del futuro
desarrollo económico, tal como lo ha hecho Neuquén. Por ahora es
una técnica incipiente, pero hay proyectos de gran magnitud en
carpeta. Por eso siguen de cerca el tema y buscan evitar conflictos.
Fuente:
Denuncian a funcionarios por autorizar el fracking en Mendoza, 12/10/18, mdz. Consultado 13/10/18.
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