Los titulares de
Ambiente, Ciencia, Salud y Agroindustria a favor de la fumigación
sin límites. El Gobierno
impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias
mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los
reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
por Darío Aranda
En un hecho
inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas
que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio
Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein
(Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea
con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias
mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros
agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación
científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones
sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más
de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas
fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos
de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se
organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del
Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático,
con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y
condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron
espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas
de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites
de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se
aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las
fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas
rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno
creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones
de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los
ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los
“lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de
las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la
población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos
periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan
el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos
de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de
las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo
propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas
agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa
(Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que
si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se
podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas
y escuelas.
Los pueblos
afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores
críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema
es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas
prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica.
Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen
en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes
en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización
Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña
Paren de Fumigar.
Los cuatro
ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan
a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen
las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de
agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para
facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta
resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en
definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que
está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un
escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo,
Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue
publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es
producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y
corporativa”.
En conferencia de
prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de
agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien,
pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando
agua en mucha cantidad”.
Los cuatro
ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se
puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún
estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro
de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina,
que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El
documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene
fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó
Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio
Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y
cáncer
El ministro de
Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más
estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas,
reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de
agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional
de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación
entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el
organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
Fuentes:
Darío Aranda, Ministros de los agrotóxicos, 06/08/18, Página/12. Consultado 09/08/18.
Glifosato y cáncer, 06/08/18, Página/12. Consultado 09/08/18.
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