A un año de la
represión, desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Greenpeace
se suma al reclamo de Justicia y manifiesta su profunda preocupación
ante el reciente decreto presidencial que modifica la política para
las Fuerzas Armadas, lo que podría implicar una militarización de
gran parte del territorio y los espacios públicos y su utilización
para la represión de la protesta social.
Bajo pretexto de
”asegurar la protección de la soberanía e independencia de la
Nación Argentina, su integridad territorial, sus recursos naturales,
su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la
libertad y los derechos humanos de sus habitantes”, el Poder
Ejecutivo Nacional sancionó el decreto 683/18, que modifica el uso
de las Fuerzas Armadas, habilitándolas a actuar “en forma
disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de
la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o
ante cualquier otra forma de agresión externa”, considerando que
éstas “no solo son de carácter estatal militar, sino que en
ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su
origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o
tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional
puede y debe contribuir a preservar”.
Greenpeace
manifiesta su profunda preocupación ante el nuevo rol de las Fuerzas
Armadas, lo que podría implicar una militarización de gran parte
del territorio y los espacios públicos y su utilización para la
represión de la protesta social. Las muertes de Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel son un claro ejemplo de este avance represivo.
La libertad de
expresión no sólo aplica a ideas percibidas como favorables por las
mayorías o por cualquier gobierno, sino que quedan incluidas todas
aquéllas que puedan perturbar, impresionar o que resulten contrarias
a las políticas del Estado. Entendemos que esta libertad carecería
de sentido si manifestarse, peticionar o expresarse contrariamente a
la opinión política de quienes se encuentran a cargo de cualquier
Poder, implicara riesgo alguno para la libertad personal.
Las
manifestaciones públicas permiten elevar el nivel y la calidad de la
información, del debate y del involucramiento social en temas de
interés general. Como consecuencia, nuestra democracia resulta
fortalecida cuando existe una voluntad permanente de sostener los
valores de la libertad de expresión, de discusión, de participación
y de protesta, en tanto dicho sistema de valores forma parte
constitutiva e insoslayable de aquélla forma de organización
social. Las manifestaciones públicas son los recursos con los que
contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores,
mujeres, agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para
visibilizar los reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la
libertad se amenaza, se judicializa, se deslegitima, la calidad de la
democracia se degrada en su práctica cotidiana.
Greenpeace es una
organización ecologista internacional, económica y políticamente
independiente, que se financia únicamente con el aporte de más de 3
millones de personas en todo el mundo, y que utiliza la no violencia
para exponer y encontrar solución a los problemas ambientales. La
piedra angular del conjunto de valores fundacionales de Greenpeace
-los cuales sostenemos en todo el mundo y en cada una de nuestras
campañas-, responde a principios que se basan en dar público
testimonio de la destrucción del ambiente mediante acciones
pacíficas, con el objetivo de promover un cambio en la realidad.
Este compromiso con la libertad de expresión y con el derecho de
protesta no es patrimonio exclusivo de Greenpeace. Por el contrario,
estos valores están firmemente arraigados en la tradición de la
protesta como motor de cambio positivo en la historia de la
humanidad. Basta que recordemos los movimientos de protesta pública,
pacífica y multitudinaria por los derechos civiles, por el sufragio
universal, por la abolición de la esclavitud, por los derechos de
las mujeres, sin los cuales no contaríamos hoy con varios de los
fundamentales derechos que componen nuestras libertades civiles y
políticas.
El trabajo de una
organización como Greenpeace exige que las instituciones garanticen
la seguridad y la libertad para ejercer el derecho de protesta y
petición ante las autoridades y sociedades privadas de cualquier
talla de modo pacífico. Dichas libertades lamentablemente se
encuentran en detrimento a nivel global, y todos requerimos que en la
República Argentina suceda todo lo contrario. Nuestro trabajo es
permanente e independiente: ha sucedido y continuará sucediendo
durante todos los gobiernos, cualquiera sea su orientación
partidaria, en todos los países, defendiendo distintas causas,
mostrando casos variados de la destrucción de la Naturaleza, y
cumpliendo únicamente con nuestra misión como organización
internacional, para la protección del ambiente a nivel global. Por
ello, la defensa del ambiente y de las libertades para su ejercicio,
no tiene color político: nuestro quehacer diario depende de hablar
libremente, de no ser perseguido por las opiniones, de hacer respetar
la ley, de controlar las decisiones de quienes ejercen la
representación del Estado en todos sus poderes y niveles
jurisdiccionales.
Fuente:
El rol de las Fuerzas Armadas y el derecho a la protesta, 01/08/18, Greenpeace Argentina. Consultado 01/08/18.
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