CIUDAD DE MÉXICO - Isidro Baldenegro López sabía que su vida estaba en peligro.
Después de que en 1986 asesinaron a su padre, el activista Julio
Baldenegro, Isidro tomó su lugar como defensor de los bosques de la
sierra Tarahumara. Organizó protestas pacíficas contra la tala
ilegal de madera, presionó al gobierno para que prohibiera
temporalmente la tala en la región y molestó a traficantes de
drogas y a líderes de la industria maderera. Cuando, en 2005,
obtuvo el Premio Ambiental Goldman, 99 por ciento de los antiguos
bosques tarahumaras habían sido deforestados. Las amenazas contra él
y su familia eran cotidianas y el 15 de enero de 2017 fue asesinado.
La vida de los
activistas que luchan por la conservación de las selvas, reservas y
comunidades indígenas, está en riesgo permanente. Y cada vez más.
El informe más reciente de Global Witness señala que en 2017 hubo
un aumento de la violencia contra defensores de la tierra y el
medioambiente en México, el cuarto país con más muertes de
activistas. Al menos quince líderes medioambientales fueron
asesinados el año pasado, muchos más de los tres registrados en
2016. Son todavía más las personas que han sido agredidas
físicamente, arrestadas o encarceladas o han recibido amenazas de
violaciones o secuestros.
No podemos seguir
en silencio ante estos crímenes. Si permanecemos callados y dejamos
de mostrar indignación ante asesinatos como el de Isidro Baldenegro,
estos ataques contra activistas que protegen el medioambiente
seguirán.
Como Isidro, la
gran mayoría de los defensores y defensoras ecológicos son
indígenas que se oponen a la expropiación forzada de terrenos por
parte de terratenientes, organizaciones criminales y empresas que
pretenden controlar los recursos naturales para obtener beneficios
económicos. En esta lucha desigual, los activistas han quedado
desprotegidos por la negativa del gobierno de tomar medidas eficaces
contra los delincuentes o aplicar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. México es de
los pocos países que tiene un protocolo estatal para proteger a las
personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Sin
embargo, seis años después de su elaboración, grupos activistas
han denunciado que aún no se practica de forma efectiva.
Esta violencia
desmesurada contra líderes ambientalistas no solo sucede en México:
casi el 60 por ciento de los asesinatos de defensores y defensoras
durante el año pasado sucedió en América Latina, la región más
peligrosa del mundo para las personas que confrontan a sus gobiernos
y a las empresas que roban sus tierras y dañan el medioambiente.
Solo en Brasil,
57 activistas fueron asesinados, 24 en Colombia, ocho en Perú -que
registró seis muertes más que en 2016-; Nicaragua, un país con
poco más de seis millones de personas, tuvo cuatro, el mayor número
de homicidios de líderes ambientalistas per cápita en la región.
En Latinoamérica
confluyen tres elementos que han propiciado la vulnerabilidad de
quienes defienden a las comunidades indígenas y el medioambiente: la
abundancia de recursos naturales; el poder e influencia de grupos
criminales y los gobiernos negligentes.
En la sierra
Tarahumara, por ejemplo, donde fue asesinado Baldenegro, se han
expropiado tierras indígenas de las comunidades locales para
establecer proyectos extractivos y concesiones madereras, y se han
instalado grupos del crimen organizado que cultivan y transportan
sustancias ilícitas. Los líderes medioambientales han quedado
atrapados en un triángulo fatal entre intereses económicos de
empresas sin responsabilidad ecológica, bandas de narcotraficantes
que dominan zonas sin ley ni verdadero gobierno.
Los gobiernos de
la región han fallado en defender a los ambientalistas e incluso
muchas veces los han perseguido -Baldenegro pasó quince meses encarcelado por cargos falsos de transporte de drogas y armas, que
finalmente fueron retirados-. Tampoco han sido efectivos en
resolver sus asesinatos. Uno de los casos más visibles y que tuvo
mayor presión internacional, el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016, no ha sido del todo esclarecido por el gobierno de
Honduras. En México, en donde más del 90 por ciento de los
homicidios permanecen sin sentencia, la cultura de la impunidad ha
beneficiado a los agresores de activistas.
Isidro Baldenegro
era un defensor reconocido mundialmente y el Estado sabía que estaba
en riesgo. Aun así no pudo mantenerse a salvo de sus asesinos,
quienes probablemente sabían que la justicia no los alcanzará.
A partir del 1 de
diciembre tendremos un nuevo gobierno en México que dice querer la
paz, proteger los derechos humanos y garantizar un futuro sostenible
y sin corrupción. Ese futuro solo será posible si quienes defienden
sus derechos, la tierra y el medioambiente son también defendidos:
si se obliga a las empresas a operar con responsabilidad, si las
comunidades son escuchadas y si se detienen los asesinatos de quienes
protegen al planeta.
En solo un año,
de 2016 a 2017, los asesinatos a las personas que defienden la tierra
en el país aumentaron drásticamente: de tres a quince. Esta
tendencia tiene que detenerse. El apoyo y la protección para los
ambientalistas y activistas tiene que ser una prioridad para Andrés
Manuel López Obrador, quien debe hacer de la defensa y garantía de
la seguridad de los líderes ecológicos una promesa de gobierno.
Pero también
necesitaremos otras acciones que combinen al gobierno, las empresas y
la sociedad civil. El Estado debe comenzar por derogar la reforma
energética de 2013 -una de cuyas leyes, califica a la energía
nuclear como “energía limpia” y da más margen a abusos contra
campesinos y comunidades con la creación de figuras legales que
favorecen la expropiación de tierras- y la Ley General de Aguas -que oficializó este año una tendencia privatizadora del agua que
inició en 2015-. Y ante todo debe perseguir judicialmente los
abusos ya cometidos por empresas y bandas criminales y hacer cumplir
la protección legal para las comunidades rurales e indígenas y para
quienes defienden sus derechos. Las empresas, por su parte, tienen
que garantizar que las comunidades propietarias de las tierras puedan
tomar decisiones libres e informadas sobre sus tierras y cómo se
utilizan sus recursos. Por último, esas acciones deben ser vigiladas
siempre por la sociedad civil.
Somos nosotros
quienes podemos solidarizarnos con los defensores y defensoras y usar
nuestras voces para crear conciencia sobre su lucha. Los cambios en
la política y en los negocios suelen iniciarse así: los ciudadanos
y los consumidores influyen en las grandes transformaciones. Las
empresas y los Estados latinoamericanos solo empezarán a ver y
garantizar los derechos de los valientes activistas ecológicos si la
sociedad civil mantiene una actitud vigilante permanente. Si hemos
fallado en proteger al planeta, al menos protejamos a quienes lo
defienden.
Rubén Albarrán
es miembro de la banda Café Tacvba y activista medioambiental.
Fuente:
Rubén Albarrán, Defendamos a quienes defienden la tierra, 31/07/18, The New York Times. Consultado 02/08/18.
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