Entrevista a Elio
Brailovsky, ex Defensor Ambiental del Pueblo en la Ciudad de Buenos
Aires.
por Mario
Hernández
En estos días se
viralizó un video donde un grupo de activistas de Greenpeace lucha
para frenar las topadoras en una finca propiedad de Alejandro Brown
Peña, primo del Jefe de gabinete, en el que de 8.962 hectáreas de
bosque protegido que había solo quedan 3.000. La región fue
rezonificada por el gobernador Juan Martín Urtubey para permitir el
cultivo de soja, las topadoras arrasaron con 400 hectáreas de esas
3.000 que quedan y avanzan hacia un poblado donde viven diez familias
wichi y 7 criollas destruyendo sus medios naturales de subsistencia y
contaminando el agua. A esta situación que se presenta y que
trascendió en la provincia de Salta ¿podríamos tomarla como
denominador común en el resto de nuestro país?
E.B.: Me parece
mucho, pero digamos que Salta ha sido un caso extremo por el tipo de
sociedad vertical y autoritaria que hay allí, de modo que uno puede
plantearlo como un caso extremo que se está repitiendo, pero tal vez
a escala menor en otros lados. Detrás de esto hay un conjunto de
negligencias, una de ellas es que hay una Ley de bosques que no está
siendo cumplida, que el cálculo que se hizo es que para aplicar esa
Ley hace falta un presupuesto legalmente asignado y solo le dieron
efectivamente en dinero real el 6% del total para proteger los
bosques. Con lo cual no alcanza para nada y además hay una conducta
de una cantidad de gobernadores, de un sector o de otro, que en el
caso de Urtubey es interesante porque estaba con el gobierno
anterior, está con el actual y va a estar con el próximo; una
cantidad de gobernadores están favoreciendo a los amigos que hacen
negocios destruyendo el patrimonio nacional de los argentinos. Esos
bosques que han tardado siglos en formarse y en Salta la soja
significa cosechas muy buenas por un período muy breve, del orden de
los 10 años y después hay que abandonar el campo. Entonces
nuevamente el nivel de irresponsabilidad de destruir un bosque que ha
llevado siglos en formarse para que alguien haga negocios es algo
absolutamente condenable.
Sergio Bergman,
el Ministro de Medio Ambiente, en la Conferencia de cambio climático
en Hong Kong en noviembre del año pasado, vio necesario revisar la
Ley de bosques y también la Ley de glaciares por considerarlas
“épicas legislativas”. ¿Cuál es la importancia que tienen el
bosque nativo y los glaciares?
E.B.: Son dos
aspectos que están muy vinculados, el bosque nativo es el regulador
hídrico, si no hay bosques lo que vamos a tener son aluviones,
justamente porque los bosques regulan el agua y hacen que la lluvia y
las grandes tormentas infiltren lentamente en el suelo. Cuando se
desforesta tenemos aluviones y grandes inundaciones aguas abajo, que
es lo que ha pasado en los últimos años en una cantidad de pueblos
de Córdoba donde lotearon la sierra, desforestaron y tuvieron varias
ciudades con inundaciones importantes. Los glaciares también están
vinculados a la situación hídrica, porque tenemos cada vez menos
nieve en la Cordillera, los glaciares son cada vez más pequeños y
el riesgo de que las mineras dinamiten glaciares para extraer
minerales que están debajo de ellos significa que como estos
glaciares están en la alta cordillera, si las mineras interceptan el
agua, no va a llegar a los cultivos y a las personas. De modo que hay
que plantearse que los glaciares son la fuente de agua potable de
nuestras ciudades cordilleranas. Si quieren cambiar la Ley para que
haya minería en los glaciares están haciendo minería en el tanque
de agua de San Juan, Mendoza, Neuquén, etc. Agua con cianuro, no es
lo mejor que uno puede meter en su tanque de agua.
Tenemos incendios
nuevamente en la provincia de Mendoza y en La Pampa.
E.B.: Yo he
seguido los comentarios periodísticos y la discusión política
sobre incendios forestales que hubo todo el año en Chile. Y la
manera en que los chilenos, con un gobierno y con otro, el modo en
que se prepararon sabiendo que el verano es el momento de los
incendios forestales, entonces después del desastre del año pasado
se tomaron una cantidad de medidas importantes en el país vecino que
tiene ecosistemas parecidos a los nuestros y sorprende que no se haya
aprendido nada en la Argentina y no se hayan tomado medidas
semejantes. El hecho es que los incendios forestales nos siguen
sorprendiendo, nuevamente el cambio climático, esto significa
mayores períodos de sequía, sequías intensas y, por consiguiente,
mayores riesgos de incendios forestales. Si a esto agregamos que el
clima no es suficientemente prioritario seguiremos perdiendo
hectáreas de campos y me temo que detrás de esto haya la
negligencia, como hubo detrás de la gestión de la ingeniera María
Julia Alsogaray, de dejar quemar áreas protegidas para después
tratar de quitarles la protección, porque como se quemó para qué
la queremos.
La intención del
gobierno era tratar la modificación de la Ley de glaciares en
febrero, ahora no va a haber llamado a extraordinarias, pero es muy
interesante que el juez Casanello en un informe que encontró en un
allanamiento efectuado en el Ministerio de Medio Ambiente recabó 44
emprendimientos mineros que violan la Ley de glaciares. Esta es
información del juzgado del juez Casanello.
E.B.: Lo que
sorprende es que el juez Casanello haya procesado a un científico
que hizo un inventario de glaciares incompleto y no haya procesado al
ministro de Medio Ambiente que tenía la información de una cantidad
de emprendimientos ilegales. Tendría que haber actuado, para eso es
ministro.
Otro tema que me
interesa conversar con usted es esta especie de genocidio por goteo
que produce la fumigación con agrotóxicos, se han conocido varios
casos en los últimos días, en particular en la provincia de Entre
Ríos, en Gualeguaychú. ¿Cuáles serían las medidas o acciones que
se deberían adoptar frente a esta situación?
E.B.: Lo primero
es un diagnóstico, es decir, en nuestro país no se está haciendo
una medición concreta de los agrotóxicos que hay en alimentos y en
agua de red. Entonces cuando una ONG llamada Bios de Mar del Plata
analizó la sangre y orina de sus propios integrantes y encontraron
que tenían plaguicidas que no deberían habitar en los cuerpos de
habitantes urbanos hicieron un llamado de atención a las
autoridades. Necesitamos un buen diagnóstico de qué agroquímicos
hay, qué plaguicidas se están usando y qué está llegando a los
cuerpos de todos nosotros y a partir de ahí empezar a plantear
políticas más duras y estrictas sobre qué se hace con las
sustancias de alta peligrosidad. Además, hay un aspecto muy
perverso del sistema científico y es que los agrónomos se reciben
sin saber la peligrosidad de las sustancias que aplican, están
siendo engañados por la propia Facultad de Agronomía. De modo que
se necesita un paquete importante de medidas, que incluyen la
conciencia pública, el diagnóstico y obviamente una cantidad de
restricciones minuciosas sobre sustancias de alta peligrosidad que
como esas sustancias son mercancía continuamente se presiona a los
productores con que tienen que fumigar porque sino van a perder la
cosecha, lo cual generalmente es mentira, se trata de asustar al
productor para que fumigue de más con todo lo que implica en cuanto
a riesgos para los vecinos, los que trabajan ahí y también para los
consumidores de cualquier cosa que tiene origen en el campo.
Habitualmente
escribo un panorama político sindical y me llamó la atención una
noticia que recabé respecto de los despidos en el Senasa, porque los
mismos productores manifestaron su preocupación, se trata de 130
técnicos, respecto de las exportaciones de productos alimenticios
regionales y las dificultades que ocasionaría la falta de controles
para realizar esos negocios. A mí se me presentó el interrogante ¿y
nosotros qué?
E.B.: El tema es
que cuando estamos ante problemas lo peor que se puede hacer es
esconderlos, despedir a los encargados de controlar la bromatología
es de alta peligrosidad desde lo sanitario porque a nosotros nos van
a tocar los productos contaminados o en mal estado. Y desde lo
económico porque nadie sabe qué le estamos vendiendo al exterior.
Ya hace muchas décadas que en Europa cada tanto rechazan productos
argentinos porque tienen demasiados plaguicidas. Así que inclusive
desde lo económico es irracional y desde lo sanitario mucho más.
Personal del Senasa debería estar abocado a ver qué estamos
comiendo, lo peor que se puede hacer es despedirlos.
Fuente:
Mario Hernández, Elio Brailovsky: “Destruir un bosque que ha llevado siglos en formarse para que alguien haga negocios, es absolutamente condenable“, 02/02/18, Marcha.
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