Denuncian al
Estado argentino en la CIDH. El Gobierno sumó
una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Es contra la “persecución” y “criminalización” a testigos y
abogados de la causa a los que el Ministerio de Seguridad y la
Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes
de una presunta asociación ilícita.
por Irina Hauser
El Estado
argentino fue nuevamente denunciado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución” y
“criminalización” contra testigos y abogados de la causa por la
desaparición y la muerte de Santiago Maldonado a los que el
Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio
y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita. La
presentación internacional fue realizada por los abogados Fernando
Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza
de Derechos, que impulsó y consiguió la primera medida cautelar
contra el Estado tras la desaparición del joven y cuando el Gobierno
planteaba hipótesis falsas, como que estaba en Chile o que sido
había herido por un puestero de Benetton. Después del levantamiento
de la cautelar, la estrategia oficial pasó a ser desacreditar con
denuncia penales a testigos que comprometen a la Gendarmería, para
instalar que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo
perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, en
momentos en que la causa judicial a cargo de Gustavo Lleral no tiene
definiciones, está en plena producción de pruebas cruciales y sigue
caratulada como desaparición forzada.
La denuncia que
hizo ayer Gendarmería habla de falso testimonio y focaliza en dos
miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen (Matías
Santana y Claudina Pilquiman) y a un amigo de Santiago (Ariel Garzi).
Habla también de una asociación, en la que arrastra a organismos,
abogados y medios de comunicación sin especificar.
Los abogados de
Naturaleza de Derechos fueron cuestionados en particular en otro
planteo de la fuerza en la causa a cargo de Lleral, ya que habían
llevado a la CIDH el relato del llamado “testigo E”, que luego se
supo que era Lucas Pilquiman. El joven de la comunidad mapuche contó
que estuvo con Maldonado antes de cruzar el río Chubut cuando
Gendarmería los perseguía a los tiros, pero que Santiago no cruzó.
Pilquiman, de 19 años, declaró como testigo sin que las partes
fueran convocadas, por lo que la familia Maldonado pidió la nulidad
de su testimonio, que no fue concedida. Ante el juez hizo un relato
más acotado que como “testigo E”.
La acusación
penal de Gendarmería, fue realizada ante el juez Guido Otranto, que
había sido desplazado de la investigación original sobre la
desaparición de Maldonado. Se juntó con la denuncia del Ministerio
de Patricia Bullrich contra ocho testigos. El Gobierno afirma que no
hubo desaparición forzada, algo que deduce del levantamiento de la
cautelar y del a autopsia, que concluyó que Santiago murió por
ahogamiento e hipotermia. La abogada de la familia, Verónica
Heredia, explicó que no se sabe cuánto tiempo exacto estuvo en el
agua y que no es cierto que se descarte la desaparición.
Cuando levantó
la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra
obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que
dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario. En este sentido,
corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de
las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación,
garantizando una adecuada participación a sus familiares y
representantes”. Cabaleiro y Quintana dicen en su nueva
presentación en la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso
omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido
penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que
refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y
la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso
testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago
Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo
a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra
denuncia urgente”.
Los abogados
piden una nueva medida cautelar. Explican que “la denuncia penal
del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería
Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados (no lo
suficiente) por la muerte de Santiago Andres Maldonado), es
claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar
absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho
humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios
internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y
denunciar la violación de derechos humanos”. También ven bajo
amenaza a los medios de comunicación que informan libremente, ya que
se sugiere que forman parte de una organización. Advierten que, se
les trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el
carácter de “enemigos del Estado”, por denunciarlo. Se intenta,
así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una
“estigmatización a través de la manipulación de los procesos
penales”, advierten los abogados. Piden una intervención urgente
porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho
de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su
“libertad personal” a partir de los delitos que se les atribuyen
y en un país donde está en boga una dura doctrina.
Fuente:
Fuente:
Irina Hauser, Contra la maniobra de culpar a los testigos, 08/02/18, Página/12. Consultado 08/02/18.
No hay comentarios:
Publicar un comentario