El vicerrector
remitió el pedido de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental a
la UTN. ¿Por qué el vicerrector de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) en vez de encargar la evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental de Cormecor a sus propias facultades lo remite a
otra institución universitaria? Resulta que en la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), tienen gran injerencia técnicos afines
a Cormecor. Incluso, la UTN es un bastión de Javier Britch, actual
Secretario de Ambiente de la provincia que ha sido duramente
cuestionado por haber otorgado licencia ambiental a Cormecor a pesar
de muchas irregularidades constatadas. La licencia ambiental de
Cormecor ha sido cuestionada por el TSJ y por un informe técnico de
la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por lo que una evaluación
desfavorable del EIA de Cormecor también recaería sobre Britch. El
hecho que la UTN realice la evaluación del EIA de
Geoambiental-Cormecor, es una garantía de impunidad para los
funcionarios involucrados en estos actos corruptos. La connivencia
entre los poderes políticos, judiciales y universitarios en el caso
Cormecor es más que evidente.
El pasado 11 de
julio, minutos antes del comienzo de la feria judicial, la Cámara
Primera en lo Contencioso Administrativo, emitió un decreto
solicitándole al rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
que en sólo 10 días evalúe y avale el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) producido por la consultora privada Geoambiental para la
Sociedad Anónima Cormecor en relación a la instalación de cinco
Plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y tres enormes
fosas de enterramiento sanitario para todo el Gran Córdoba, en el
predio cercano a Villa Parque Santa Ana.
Inmediatamente,
los abogados de los tres amparos contra Cormecor, recusaron a los
vocales de la Cámara y apelaron dicho pedido a la UNC por los
términos en que se realizó. Ya que en dicho decreto los vocales
adelantan opinión en torno a puntos cuestionados y aún no sometidos
a prueba. Además, consideran más importante el supuesto impacto
sobre la población de la ciudad de Córdoba, en desmedro de las
personas que viven en el entorno inmediato al predio destinado al
megabasural. También, otorga valor de prueba a un informe
exploratorio realizado en 2012 por el Instituto Superior de Estudios
Ambientales (ISEA) dependiente de la UNC sobre posibles sitios “aptos
y óptimos” para el emplazamiento de un enterramiento de residuos.
A pesar que en el mismo estudio se remarca su carácter preliminar y
la necesidad de profundizarlo a través de un estudio de campo que no
se realizó.
Aunque la
apelación a la solicitud a la UNC aún no ha sido resuelta, la
semana pasada la justicia negó la recusación de los vocales de la
Cámara Primera en los Contencioso Administrativo. Y hoy los vecinos
pudimos acceder a la respuesta del vicerrector de la UNC, Pedro Yanzi
Ferreira, en la cual informa la remisión del pedido de la justicia
al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y a la
Universidad Tecnológica Nacional.
¿Por qué el
vicerrector de la principal Universidad del país remitiría un
pedido de la Justicia a otra Universidad? La única respuesta posible
está en una maniobra de complicidad con el poder político de turno,
la voluntad de entregar el trabajo a los amigos de los funcionarios
de Cormecor para que avalen de manera fraudulenta un Estudio de
Impacto Ambiental claramente manipulado.
Si la revisión
del EIA realizado por Geambiental a pedido de Cormecor, la realizaran
tomando los parámetros y criterios aportados por el Instituto
Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la propia UNC, se
comprobaría que el predio está fuera de la zona recomendada y que
la puntuación del mismo no alcanzaría para ser considerado “apto”.
El predio está
fuera de los cuadrantes de zonas recomendadas por el ISEA
Los vocales de la
Cámara Primera, afirman en el decreto del 11 de julio que el predio
cercano a Villa Parque Santa Ana está dentro de los cuadrantes
recomendados por la UNC para ubicar la Planta: “más precisamente
en los sectores de zona sur denominados 17, 18 y 19, al sureste el
sector 26, al suroeste el sector 29 y hacia el norte el sector 20,
todos a una distancia entre los 10 y 20 km desde el centro de la
ciudad de Córdoba.” Ver Decreto:
https://drive.google.com/open?id=0BzKANWZs4kFBRDF5LXFDTlMzd28
Sin embargo,
especialistas analizaron la ubicación del predio elegido por
Cormecor cercano a Villa Parque Santa Ana y constataron que el predio
en cuestión está fuera de dichos cuadrantes.
Es decir que los
vocales de la Cámara Contencioso Administrativa construyen sus
afirmaciones partiendo de una falsedad. En el plano se ve claramente
que el predio en cuestión está fuera de los sectores recomendados
por el ISEA y citados por el propio decreto (Sectores 17, 18, 19, 20,
26 Y 29).
Sin embargo, en
todo este proceso se han construido “falsas verdades” como esta
que funcionan con una enorme eficacia y se sostienen con el silencio
cómplice de un importante sector de la UNC. En junio de este año
solicitamos formalmente al rector Hugo Juri que aclarara públicamente
cuál había sido el verdadero trabajo de la UNC en el proceso de
selección de sitios para el enterramiento. Que esclareciera que la
UNC mediante el ISEA sólo realizó un estudio exploratorio de
escritorio, sin trabajo de campo y en tal sólo 90 días sobre un
radio de 50 km en torno a la ciudad de Córdoba, sin valor
definitivo. Que aclarara que la UNC nunca realizó trabajo de campo
en el predio cercano a Santa Ana, por lo cual no lo eligió ni avaló.
Le pedimos simplemente que dijeran la verdad ya que Cormecor -y gran
parte de la prensa masiva- se cansaron de repetir que el proyecto y
el predio estaban avalados por la UNC. Hecho totalmente falso, que
sin embargo circuló todo este tiempo como una verdad sin necesidad
de ser confirmada. Pero el silencio del rectorado continuó. Quizás,
sea necesario aclarar que el rector y vicerrector de la UNC responden
al mismo sector político que Mestre, principal accionista de
Cormecor.
Es impactante el
efecto de legitimación que la sola alusión a la UNC produce.
Diferentes legisladores provinciales nos confesaron haber votado la
ley de expropiación de ese predio sin leer el proyecto, porque les
habían dicho que “todo venía con el aval de la UNC”. Ahora,
con el Estudio de Impacto Ambiental de la consultora privada
Geoambiental duramente cuestionado por la Defensoría del Pueblo de
la Provincia y la Nación, Cormecor pergeña una nueva
pseudo-legitimación de la UNC.
Así, la Cámara
en lo Contencioso Administrativo, sin hacer lugar a las pericias
solicitadas y aprobadas en la primera instancia, pide al Rector de la
UNC que avale el Estudio de Impacto Ambiental presentado por
Cormecor. Y el vicerrector encomienda tal tarea al Departamento de
Química de la Facultad de Ciencias Exactas y lo remite, además, a
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Quien firma la aceptación
del pedido por parte de la UTN, es su rector: Héctor Aiassa; quién
llamativamente lleva el mismo apellido que el Director de Cormecor,
José Aiassa.
Recordemos que
hace 4 meses, un instituto de la UTN analizó el agua del canal de
Los Molinos, contaminada por la empresa Taym, y sospechosamente
comunicó resultados de un agua de alta pureza. Entre los directores
de ese instituto figuraba el Secretario de Ambiente, Javier Britch.
Ahora, la
remisión del pedido de la Justicia a la UTN, aparece como una
maniobra evidente para dejar el estudio en manos de los amigos de
Cormecor para legitimar el EIA de Geoamabiental y encubrir un proceso
plagado de irregularidades en el que han intervenido claramente
intereses económicos y políticos que atentan contra la salud y el
ambiente del sur metropolitano.
A 10 meses de
incansables reclamos EXIGIMOS UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE.
GRACIAS POR
DIFUNDIR
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