domingo, 9 de julio de 2017

Todos los hombres de Cañada Grande

Fardos y basura suelta. Vista de la cava de Cañada Grande el 10 de marzo de 2016. Foto: Franco Ezequiel Sarrachini

por Cristian Basualdo

CIUDAD DE CÓRDOBA, 6 de junio de 2016.- En busca del autor del proyecto de la planta de Cañada Grande, ingreso al señorial edificio ubicado en la esquina de Rivadavia y Rosario de Santa Fé, donde funciona una de las unidades de atención integral de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Entonces solicito una entrevista con el funcionario del Gobierno Nacional más relevante de Córdoba: Henry Blas Leis, el jefe regional de la ANSES, cargo que antes ocupaba la kirchnerista Gabriela Estévez.

Blas Leis es licenciado en gestión ambiental y en 2010 confeccionó el segundo Estudio de Impacto Ambiental de la Planta regional de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Calamuchita, ubicada en Cañada Grande.

Aunque la entrevista no estaba pactada de antemano, el importante funcionario hace un alto en sus tareas para atenderme en la recepción de su oficina. Blas Leis hablará poco y pausado, pensará mucho las cosas y no dirá lo que no le convenga.

Comienzo preguntando por los motivos que llevaron a ubicar un vertedero de basura en un lugar inundable. Blas Leis me explica que, cuando ganó el concurso para la confección del citado estudio, el sitio de emplazamiento y la técnica a utilizar ya estaban decididos de antemano por la Secretaría de Ambiente Provincial.

La planta de Cañada Grande el 10 de marzo de 2016, al fondo se observa una parte del galpón. Foto: Franco Ezequiel Sarrachini

- “La respuesta hay que buscarla ahí”, sostiene el jefe de la ANSES. Agregando que el emprendimiento era viable solo si en la fosa se depositaban fardos conformados por la fracción seca no reciclable de los residuos sólidos urbanos. Y si además se concretaba el canal de guarda para proteger el predio de las escorrentías superficiales.

- “El lugar es bajo”, confirma el mismísimo diseñador de la planta. Dando una prueba más de lo desfavorable del sitio donde Calamuchita está depositando su basura, una cuenca tributaria del lago de Embalse.

El lector encontrará otras 10 pruebas de la inundabilidad de Cañada Grande haciendo clic aquí.

En abril de 2014 Blas Leis había sido invitado por el PRO Villa General Belgrano para dar una charla sobre la problemática ambiental de Calamuchita. Al ver las fotografías del desmadre en la cava de Cañada Grande dijo que: "No es nada de lo que figura en el proyecto original".

El problema de Blas Leis es fácil de enunciar, difícil de resolver: su firma está estampada en un polémico vertedero, y eso puede salpicar su carrera política, ahora que es una estrella en ascenso dentro del PRO.

El EsIA de la planta de Cañada Grande fue autorizado mediante la Resolución N° 540/2010 del secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, en ese entonces Raúl Costa. Actualmente Costa es vicepresidente de la Lotería de Córdoba.

Sucede que la planta no deja de dar malas noticias: desde el abandono de quienes iban a operar las intalaciones (Furgiagro SA, Cultura Ambiental y Resimundo), hasta el corte del camino de acceso por parte de los dueños del campo a quienes no le pagaron la expropiación, por citar algunos de los escándalos más resonantes.

Lejos de reconocer algún defecto, las autoridades canonizan a la planta de Cañada Grande mediante el uso irrestricto del ditirambo que la proclama como única en su tipo en el continente. En tiempos de la posverdad, el sentido común nos falla en hacernos creer que la tecnología es una suma de aparatos.

Aquí quiero pedirle al lector que crea en la Justicia, que en mayo de 2012 ordenó el inmediato cese de actividades por el incumplimiento de la Ley 26.675, Ley General de Ambiente. Además la autorización provisoria de la Secretaría de Ambiente Provincial caducó en razón de los términos por ella misma utilizados, de manera que el Estado Provincial opera la planta incumpliendo sus propias normas.

Está claro que Blas Leis pudo haberse negado a confeccionar el polémico proyecto. Fue un partícipe necesario, pero no suficiente, de la compleja red formada por funcionarios de la Secretaría de Ambiente Provincial, consultores ambientales y empresas privadas, donde existe un proceso de burocratización que impulsa proyectos irregulares. Cada eslabón se convierte en un ejecutor parcial, en consecuencia las acciones se fragmentan, las responsabilidades se diluyen y nadie resulta finalmente responsable.

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