Por
quinto año consecutivo, una movilización global alertó sobre los
peligros del monopolio de las semillas transgénicas que pretende
imponer la multinacional de los agronegocios. Expertos denunciaron el
efecto del glifosato en los pueblos fumigados y el riesgo de que el
país se sume al Acuerdo Transpacífico, dando a las empresas
beneficios de patentamiento.
por
Gustavo Sarmiento
Veinte
años transcurrieron de la resolución 167/96 que autorizó la
producción y comercialización de la Soja RR, propiedad de Monsanto,
y que cambió para siempre el modelo agrícola del país. Y el
aniversario llegó con una Marcha Mundial contra Monsanto, que tuvo
su epicentro local ayer, por quinto año consecutivo, desde las
oficinas de la multinacional hasta el Obelisco, mientras la
agroquímica exige al gobierno nacional una "aduana privada"
para cobrarles regalías a los productores por el uso de semillas, y
enfrenta denuncias judiciales de pueblos fumigados. De los 40 países
que organizaron esta marcha, la Argentina fue el cuarto con más
ciudades adherentes -veinte-, de Salta a Esquel. Una reacción
masiva que tiene un porqué.
"Estamos
contra la agricultura industrial y transgénica basada en el uso
masivo de agrotóxicos. Decían que acabarían con el hambre del
mundo: pasó todo lo contrario." Quien habla es Julián Galeano,
integrante de la asamblea organizadora. El reclamo central fue el
rechazo a que la Argentina se incorpore al Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), un deseo del presidente Macri.
Impulsado por Estados Unidos, propone quitar medidas proteccionistas a favor
de mayores beneficios de patentamiento para las grandes
transnacionales.
Estos
20 años fueron todo ganancia para las empresas de agronegocios. Con
Monsanto a la cabeza, aumentaron su rentabilidad y su injerencia en
el país, con escaso control oficial, al tiempo que se sancionaban
normativas favorables, como permitirles fumigar a sólo 50 o cien
metros de los pueblos, cuando el mínimo debería ser mil. La
estrella fue el glifosato, principio activo del herbicida RoundUp.
Con la asunción de Cambiemos, la relación se hizo explícita. La
gestión de Macri cambió el rótulo del Ministerio de
"Agroindustria", y en la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal nombró como titular de Asuntos Agrarios a Leonardo
Sarquis, ex gerente de la división Semillas Vegetales de Monsanto.
Recién
el año pasado, el Ministerio de Salud empezó a publicar los
"efectos colaterales" del modelo agrario. "Se vio
claramente que los departamentos que usan glifosato tienen el doble
de mortalidad por cáncer. En los pueblos sojeros de Chaco, las
familias tienen un 30 % de sus miembros enfermos de cáncer; en los
ganaderos es entre 3 y 5 %", grafica Medardo Ávila Vázquez,
titular de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Sobre
la base de los informes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud advirtió que
el consumo de agrotóxicos aumentó un 983 % en 25 años: de 38 mil
toneladas en 1990 a 370 mil en 2015. Medardo subraya: "La
Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año,
con 5 litros por kilo." La superficie cultivada creció hasta 30
millones de hectáreas (70% es transgénico), y ya son 12 millones de
personas las expuestas a estos herbicidas.
Pero
las plantas se hacen más resistentes. En la misma hectárea donde en
1996 empleaban tres kilos por año de glifosato, hoy aplican doce. Y
los vecinos toman conciencia: unos 150 municipios ordenaron sacar a
los agroquímicos de las zonas urbanas.
En
Monte Maíz, en el sureste cordobés, toda la vida pasa por la
agricultura. A principios de 2000, empezaron a darse cuenta: desde la
aparición del glifosato aumentaban los casos de cáncer, lupus,
alergia y abortos espontáneos. Recién en 2014, con el aporte de
Ávila, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Córdoba, pudieron comprobarlo: en Monte Maíz los nuevos casos de
tumores cada año son cinco veces más que la tasa informada por la
OMS para el país: 1070 casos cada 100 mil habitantes, contra 200.
Colon y pulmón, los más usuales.
"Fumigaban
en clubes, escuelas, en la plaza. Mezclaban productos sin control de
los ingenieros agrónomos, que tienen el librito de Monsanto en la
facultad. Pocos toman conciencia de que es un veneno", enfatiza
Gladys Rodríguez, maestra jubilada de 70 años. Su hermano y su
primo murieron de cáncer. Sólo en 2014 detectaron 34 casos nuevos:
el cura, el director del hospital, funcionarios. La última: una
maestra de 30 años que falleció en Laborde, al lado de Monte Maíz.
En julio de 2015, el Concejo Deliberante prohibió fumigar a menos de
500 metros de la última casa del pueblo, aunque los silos con
glifosato permanecen en la zona urbana.
En
marzo del año pasado, el glifosato fue recatalogado como probable
carcinógeno humano por la OMS. Cinco meses después, un equipo de
científicos de la Universidad de La Plata detectó presencia de
glifosato en el 85 % de los productos de higiene personal que
contienen algodón, y en el 76 % de frutas y verduras. El Centro de
Investigaciones del Medio Ambiente de esa universidad publicó un
trabajo que demuestra por primera vez que el herbicida también
evapora y cae con las lluvias. Tanta es su presencia cotidiana, que
la Facultad de Agronomía de la UBA desarrolló el "glifotest",
para detectarlo rápidamente en agua, suelo y alimentos. Pero en las
universidades también hay connivencia. Acuerdos, como la cátedra de
Cerealicultura, entre la UBA y Monsanto, o sanciones a quienes
investigan: el decano cordobés de Agronomía pidió la expulsión de
Ávila.
Jorge
Rulli, referente del grupo de Reflexión Rural, explica que "las
consecuencias de lo transgénico son impredecibles. Por eso creo que
Monsanto se prepara para anunciar un salto tecnológico menos
vulnerable a críticas, dejar un poco la soja, volcarse al maíz para
combustible y vender una parte a Bayer".
La
cuestión se centra en la soberanía alimentaria y el modelo de
producción de alimentos. Galeano propone la agroecología, sin el
tinte industrial, "una agricultura sin pesticidas, que puede
alimentar al mundo, generar más empleo y no dañar al medio
ambiente". Los médicos de pueblos fumigados presentaron una
cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fines de
2015. También hay una demanda colectiva por daño ambiental encarada
por un grupo de abogados contra el Estado y once corporaciones
transgénicas, exigiendo una indemnización multimillonaria a toda la
sociedad. Y el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en La
Haya, una Corte Internacional evaluará a Monsanto por "crímenes
contra la Humanidad y el Medio Ambiente".
"Decepcionados"
con el gobierno de Macri
Más
allá de tener ex empleados de Monsanto en el Ejecutivo, y de llamar
"de Agroindustria" al Ministerio de Agricultura, el
Gobierno Nacional enfrenta un conflicto no deseado con la
multinacional agroquímica por la llamada "Cláusula Monsanto".
Se trata del testeo a los camiones de los productores por parte de
las grandes firmas del sector para controlar la biotecnología en las
semillas (RR2 o Intacta), que según Monsanto cuentan con protección
de la propiedad intelectual. Pero los productores se niegan a pagarle
más a Monsanto por las semillas. Esta "aduana paralela"
volvió a unir en el reclamo a las cuatro entidades de la Mesa de
Enlace, que señalaron que "Monsanto aprovecha la inacción del
Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e
imponer así retenciones".
A
mediados de abril, el gobierno sacó una resolución que establece
que cualquier control de granos debe contar antes con la autorización
de la cartera a cargo de Ricardo Buryaile. El "ninguneo" a
Monsanto generó reuniones de funcionarios con los altos mandos de la
firma a nivel mundial, aunque en ninguna estuvo Mauricio Macri. Su
administración no niega el actual sistema, ni siquiera que la
empresa cobre regalías por su producto, pero apunta a que el control
de semillas esté en manos del Estado. La cuestión se agravó estos
últimos días: el miércoles, Monsanto suspendió el lanzamiento de
su nueva semilla transgénica XTEND. Su CEO global, Brett Begemann,
señaló que se sentía "decepcionado" con el gobierno.
Monsanto
en las escuelas porteñas
A
muchos padres de niños que asisten a escuelas primarias porteñas
les llegó un pedido de conformidad para que el colegio participe de
una encuesta para el programa "Mi escuela saludable", del
Gobierno de la Ciudad, que busca "promover hábitos saludables
para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad". Las
firmas que componen ILSI Argentina, la consultora que analizará los
resultados, son grandes multinacionales, muchas denunciadas por su
accionar en términos ambientales y de alimentación saludable. Entre
ellas figuran Monsanto, Coca-Cola, Bayer y Syngenta Agro S.A.
Fuente:
Fuente:
Gustavo Sarmiento, Agrotóxicos y soberanía alimentaria, los ejes de la marcha contra Monsanto, 21/05/16, Tiempo Argentino. Consultado 25/05/16.
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