Como estaba previsto, este sábado se realizó en Tanti el relanzamiento del Foro Social del Pramu (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio). Unos 50 activistas, representantes de ONG ambientalistas y vecinos de la región participaron del encuentro, que contó con la presencia del presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), Raúl Montenegro. Brillaron por su ausencia, a pesar de la invitación y de la importancia del planteo, las autoridades de los gobiernos de Villa Carlos Paz y de las comunas del Sur de Punilla, localidades directamente afectadas por la problemática.
Cabe recordar que en la edición del 11 de octubre pasado, La Jornada publicó un informe bajo el título: “Mina de uranio en Los Gigantes, ¿contamina el futuro?”
Durante la reunión se firmó un petitorio que será entregado tanto a las autoridades del gobierno provincial y nacional, como a intendentes y jefes comunales de las ciudades de la cuenca del río San Antonio, exigiendo la urgente remediación de la mina de uranio de Los Gigantes.
Además, se pide hacer público el proyecto de remediación para que la ciudadanía conozca qué ocurre allí, y cumplimentar la evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto, y realizar la correspondiente audiencia pública.
En ese marco, Montenegro consideró que el relanzamiento del Foro Social es “un hecho trascendente”.
“Se armó cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) configuró el Pramu para poder remediar el desastre de la mina de uranio. Obtuvieron el crédito del Banco Mundial pero después se olvidaron del Foro”, recordó en diálogo con Juan Carlos Paesani (Funeat).
El dirigente remarcó que, “ante la ausencia del Estado nacional y provincial, este relanzamiento del Foro Social es para ir poniendo los puntos sobre las íes”.
“Es necesario que se haga la remediación, que previamente se realice el estudio de impacto ambiental, se convoque a audiencias públicas y se hagan auditorías independientes.
Además, es indispensable un plan de emergencia para el caso de ruptura en la mina de uranio.
Es necesario saber qué fondos hay disponibles para la remediación y cómo se están gastando.
También queremos saber si Cnea se interesó en la salud de los que trabajaron en la mina de uranio”, enumeró, sobre los alcances del documento.
Ahora se realizarán las respectivas presentaciones en la provincia, la nación y municipios y comunas de la cuenca del río San Antonio.
“Pasado un tiempo administrativamente establecido, si no tenemos respuestas habrá que pasar a acciones judiciales. No hay más lugar para la espera ni para la paciencia”, advirtió.
Montenegro afirmó que uno de los objetivos en el corto plazo es ampliar el Foro. “Los ciudadanos debemos asumir roles que no asumió el Estado”, remarcó. Y criticó con dureza a los gobiernos de Carlos Paz y de las comunas del sur de Punilla por no asistir al encuentro.
“Una vez que esto tenga un peso público importante las autoridades que hoy tomaron esto con gran ligereza van terminar siendo las primeras interesadas.
No es solo un tema de salud, está en juego la actividad turística pero parece que no se dan cuenta”, dijo.
“También estamos protegiendo el turismo. No han pensado que puede haber derrames de líquidos y barros, y ese escándalo podría ser una estocada letal para el turismo.
Nosotros actuamos con responsabilidad, y esperamos responsabilidad por parte de los funcionarios municipales”, cerró.
El documento
El petitorio que se firmó el sábado para ser entregado a las autoridades regionales, provinciales y nacionales, expresa textualmente:
“Los abajo firmantes reiteramos que la mina de uranio de Los Gigantes sigue contaminando el ambiente y afectando la salud de las personas expuestas porque al no haber sido remediada, las sustancias radiactivas siguen escapando del predio a través de los arroyos Cajón y Cambuche y al sistema hídrico conexo y que la mina sigue descargando a la atmósfera el gas radiactivo Radón 222. Queremos destacar además que si bien el uranio y sus hijas radiactivas son “naturales”, allí esos materiales han sido altamente concentrados en forma artificial, entre ellos el propio Uranio, el Radio 226, el Plomo 210, el Polonio 210 y otros.
En la mina de uranio de Los Gigantes hay 1.000.000 de toneladas de estériles con 59 partes por millón de uranio [ppm], 600.000 toneladas de marginales con 120 ppm de uranio, y 2.400.000 toneladas de cola de mineral con 84 ppm de uranio (promedios), que tienen asimismo hijas radiactivas derivadas del uranio y metales y metaloides tóxicos estables, además de residuos líquidos con materiales radiactivos y sustancias peligrosas no radiactivas.
Dada la ocurrencia de un fenómeno del Niño (ENOA) extremadamente fuerte; al Cambio Climático Global y al deterioro de la cuenca hídrica de captación en la zona de la mina, es previsible que las lluvias y la escorrentía agraven los problemas de contaminación. Existe además la posibilidad de que haya fugas y roturas masivas en los sistemas de contención de líquidos y barros, todo ello agravado por actividad sísmica, habida cuenta que en la actualidad se ha revisado y considerado mayor el riesgo sísmico en la provincia de Córdoba.
Por todo lo anterior exigimos:
1) Se proceda a remediar la mina de uranio de Los Gigantes previa presentación de Estudio de Impacto Ambiental y realización de la correspondiente Audiencia Pública (Leyes Provinciales 7343 y 10.208 y Leyes Nacionales Nacional 25.675 y 24.051 y sus reglamentos, entre otras).
2) Se realice, previo al proceso de remediación y de Evaluación de Impacto Ambiental, una auditoría radiológica y de sustancias peligrosas no radiactivas en la mina de uranio de Los Gigantes y en sus alrededores y zona de influencia, ello a través de uno o más organismos distintos de CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y de ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), como por ejemplo CRII-RAD de Francia, una organización internacionalmente reconocida y sin fines de lucro. Requerimos –en este contexto- se habilite la presencia de veedores de ONGs y del Foro Social del PRAMU, y que todos los resultados de esta auditoría, y de todos los controles rutinarios que realiza la ARN estén disponibles en Internet, ello apenas se produzcan los datos.
3) Quede estrictamente prohibido el ingreso a la mina de uranio de Los Gigantes de los residuos radiactivos de uranio de bajo nivel y de cualquier residuo radiactivo procedentes de otros sitios, incluidos los residuos radiactivos actualmente almacenados en el llamado “chichón” de Dioxitek y CNEA en barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba (más de 57.000 toneladas dispuestas en ese sitio sin membrana).
4) Que CNEA y los organismos de la Provincia y la Nación trabajen en conjunto con el Foro Social conformado en su momento durante el proceso de obtención de un Crédito del Banco Mundial para la Remediación de la Minería del Uranio (PRAMU), y que la propia CNEA dejó de reconocer una vez obtenido el crédito. Entre las organizaciones miembros del Foro Social se encuentran FUNAM, CEDHA, APROAS, Greenpeace, ADARSA, PHuMA, FUNEAT, Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz, Grupo Antinuclear Suquia.
5) Se hagan públicas todos los aspectos financieros y de gastos (presupuestos, concursos, ejecución, empresas involucradas) de los fondos procedentes del Banco Mundial y de la propia CNEA para las tareas de monitoreo y remediación, y que dicha información esté accesible vía Internet.
6) Se elabore, debata y quede en práctica un Plan de Acción Ciudadano y un Plan de Acción Público para enfrentar una eventual rotura masiva de los sistemas de contención de líquidos y sólidos de la mina de uranio de Los Gigantes.
7) Se hagan públicos los controles de salud y seguimiento a todo el personal que trabajó en la mina de uranio de Los Gigantes, y si esto no se hizo, se lo asuma y explique públicamente”.
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Fuente:
El Foro Social exige la urgente remediación de la mina de uranio de Los Gigantes, 29/11/15, La Jornada.
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